Este propósito radica, además, en lo más íntimo de los funcionarios públicos, quienes nuevamente tienen que actuar con claro sentido de que la administración pública debe estar al servicio de los ciudadanos, fundamentándose en los principios de honestidad, eficiencia, rendición de cuentas y responsabilidad.

En este sentido, una política pública adecuada para el desarrollo debe generar, en las autoridades locales, la convicción de que sus mejores inversiones son las que afectan en forma directa la calidad de vida de las personas y, a la vez, se constituyen en oportunidades de desarrollo local.

Por ello, si los nuevos alcaldes, y los alcaldes reelegidos, no comprenden que cuando son electos para un cargo, del cual pende gran parte de los intereses locales, se transforman en funcionarios al servicio del bienestar de la comunidad y no de intereses particulares, partidarios o electorales, entonces fácilmente podrían caer en la telaraña de la corrupción, la impunidad, la soberbia, la inacción y una escabrosa falta de lealtad al servicio público.

Definitivamente una actitud de compromiso es fundamental si realmente los alcaldes desean sanear este enfermizo círculo de desvalorización al que hoy se está enfrentando el panorama político-social de nuestra Costa Rica y si desean rescatar lo aún limpio de nuestra patria.

Por ello es básico que procuren afianzar una personalidad política que implique practicar la ética, tener una visión pluricultural de la comunidad a la cual representa y, sobre todo, amar a su sociedad para desarrollar transformaciones pertinentes donde primen la justicia, obediencia, solidaridad, paz y transparencia.

¡No lo olvidemos! La transparencia pública es un valor que alimenta la esencia del orden democrático del país, por eso, el no trasgredirla, el defenderla y el preservarla, es un acto ético que, sin pérdida de tiempo, le compete llevar a cabo a los nuevos jerarcas municipales. Recordémoslo: La gestión pública, sin ética es deplorable.