Primer punto de referencia: Un proyecto de ley que se prepara en el Ministerio de Ciencia y Tecnología señala, que si un medio miente dos veces en un año, a juicio de una junta administrativa y no de un tribunal de la República, el medio puede ser cerrado y multas pueden ser impuestas así como se pueden retirar las frecuencias de radio o de TV de ese medio. Esta disposición autoritaria venía acompañada de párrafos completos de leyes de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú.
El sabor de boca luego de leído el texto era que la intención totalitaria, nunca democrática, estaba detrás de ese proyecto. El señor Presidente, la Ministra y el Viceministro del ramo dijeron no haber leído el documento. Fue detenido el proyecto y fueron destituidos los responsables.
Segundo punto de referencia: Un proyecto de ley enviado por el Ministerio de Hacienda se propone el embargo de los bienes de los deudores de impuestos por el Ministerio dicho, solo siguiendo un procedimiento administrativo, y sin que los tribunales de la república intervengan. Este decomiso administrativo haría que el Gobierno se pague con los bienes requisados a sus dueños.
Tercer punto: Un reglamento del INVU impone restricciones a la propiedad privada y en especial a los condominios. Tal restricción a la propiedad privada es privativa de regímenes autoritarios de izquierda. Violenta el ejercicio de la propiedad privada como libertad esencial consagrada en el artículo 45 de la Constitución Política, igualmente el 169 y 170 de la misma, y violenta el principio de legalidad, al pretender como reglamento, tener autoridad superior a las reservas constitucionales en favor de la autonomía municipal, las leyes de condominios y otras. Está basado en la ideología de la economía dirigida.
Cada uno de estos proyectos tiene unos cuantos elementos comunes: desconocen y tratan de anular la división de poderes de un régimen democrático para concentrar toda acción y decisión en la administración del Poder Ejecutivo y de las instituciones, como han hecho los regímenes que no creen en la democracia.
Cada uno de estos proyectos trata de vulnerar la propiedad privada de los costarricenses dejando las decisiones sobre su destino a merced de lo decidido por un ministerio o de una institución. Cada uno de estos proyectos no ha sido leído por el Presidente ni por los jerarcas responsables.
Tres puntos marcan esta preocupante trayectoria de posibles violaciones constitucionales, legales, de desconocimiento de la idiosincrasia democrática costarricense y una clara intención de modificar hacia el dirigismo económico y el autoritarismo político el sistema costarricense, prescindiendo de la separación de poderes, de los frenos y contrapesos de nuestra institucionalidad.
¿Quiénes están detrás de estas reformas cuyo hilo conductor es el dirigismo económico, el autoritarismo y la vulneración de la propiedad? ¿Por qué están buscando estas reformas con reiterado afán?
Hay que estar alertas y tomar debida nota de estas señales que preocupan a todos.
Emilio Bruce Jiménez