Lo dijo bien la Corte Interamericana en 1985: “Un sistema de control al derecho de expresión en nombre de una supuesta garantía de la corrección y veracidad de la información que la sociedad recibe puede ser fuente de grandes abusos y, en el fondo, viola el derecho a la información que tiene esa misma sociedad.”
Para lavar la cara, se dice ahora que se eliminarán los controles de contenido de lo que difunden los medios. El problema es que el anteproyecto de Ley no solo pretende controlar los contenidos, sino que además abre la puerta para sujetar a los medios radiales y televisivos a los criterios, los humores y los intereses del Gobierno, al delegar en simples reglamentos y otras “normativas que le sean afines”, todo lo relativo a la explotación de la frecuencia (es decir a lo que divulguen la radio y la televisión y a su funcionamiento) y todo lo relativo a los medios de propaganda, publicidad y promociones (es decir, a las fuentes de ingresos de los medios de comunicación). Ver por ejemplo los artículos finales y el Transitorio del citado anteproyecto.
No solo la censura previa violenta la libertad. También lo hace la autocensura de los medios por temor a sanciones y eventuales cierres. En la última etapa franquista en España, se eliminó la censura previa, pero el Gobierno estableció sanciones y responsabilidades a los medios por sus excesos (según la opinión del Gobierno), lo que más bien propició la autocensura de los medios por temor. La autocensura terminó suprimiendo tanto o más la libertad expresión que la propia censura gubernamental.
El resultado previsible del Anteproyecto, aun si se elimina la referencia al contenido, sería “restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de frecuencias radioeléctricas…”, lo que está expresamente prohibido por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se pretende cambiar un sistema perfectible de radiodifusión, que ha dado lugar a una amplia gama de medios y programas de amplitud religiosa, social, comunal, musical, política, deportiva; por un mecanismo que a la larga terminará por restringir la libertad e independencia de los medios y, con ellas, también las libertades y derechos de los ciudadanos.
La concesión de frecuencias de radio y de televisión no puede regularse como si se tratara de concesiones de obra pública, de un tajo, o del servicio de transporte remunerado de personas; porque en la radio y la televisión, junto con los demás medios de comunicación, nos jugamos literalmente nuestro sistema democrático y nuestras libertades más preciadas.
Las libertades de expresión, en cualquiera de sus manifestaciones, exigen el respeto, sin condiciones, por parte de las autoridades públicas; e imponen al Estado el deber de evitar cualquier tipo de intervención que limite su más amplio ejercicio, o que condicione su libre y responsable comportamiento.
Por eso, cualquier propuesta de participación; de intervención; o de interferencia del Estado en la labor los medios de comunicación privados, no puede ni debe contar con el respaldo de ninguna agrupación política que abrigue los principios y valores democráticos.
Algunos dirán que la intención del Anteproyecto es buena. Pero incluso si lo fuera, como recordaba Louis Brandeis, el gran juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos: “La experiencia debiera enseñarnos la oportunidad de extremar las medidas que protegen la libertad, precisamente cuando los gobiernos abrigan propósitos benefactores… La amenaza preñada de mayores peligros, anida en el insidioso actuar de hombres bienintencionados y de probado celo, pero de inteligencia obtusa”.
Este es un comentario del Doctor Rodolfo Piza Rocafort…