En buena hora el mandatario refuerce, un día sí, y al siguiente también, la urgente necesidad de que nuestro país recupere, no solo el “imperio de la ley”, sino que también el rescate del permanente compromiso de los ciudadanos en su defensa.
El esfuerzo individual y colectivo de “respetar la ley”, que en otros tiempos formó parte de nuestra cultura, y nos hizo crecer como nación, no puede ahora simplemente darse por cierto. y asumirse como algo dado o como simple verdad.
La legalidad y el Derecho han venido siendo diezmados por el ostracismo invasor, a fuerza de haber llegado a hacernos creer que la relativa abundancia que hemos tenido, no fue producto del necesario esfuerzo de los costarricenses, y de una disciplina constante. Hoy, hemos llegado a creer que todo se puede obtener fácil, y que es en las calles en donde se exige el respeto.
Hay quienes – con desconocidos propósitos -, han alimentado en parte de la sociedad la idea de que debemos defender lo nuestro por la fuerza y al margen de la legalidad, aún cuando al mismo tiempo falazmente nos digan que lo que es de otros, quizás sea mejor que no sea de ellos sino de “todos”, para que al final termine siendo “de nadie”, y así, ni se cuide ni sè defienda; provocando que con el tiempo nos dirijamos a abrigar como válidos ideales bizarros de una “igualdad egoísta” y de una “libertad prisionera”.
El desorden, la anarquía y la violencia son enemigos astutos de la democracia, capaces de disfrazarse tras el discurso populista e irresponsable del líder político o gremial que desdeña la ley, ya sea porque promueve que se abriguen falaces necesidades que tienen por verdadero propósito ocultar odiosos privilegios; o porque se argumentan grandilocuentes defensas – sin saber qué es lo que se dice -, de “derechos humanos” o de “previsiones ecológicos”, cuando lo que en verdad se quiere, no es otra cosa más que disimular su atropello. En todo ello, el temor a aplicar oportunamente la Ley, o a hacerla respetar en su correcta y completa dimensión, son un nefasto potenciador de la destrucción del sistema político e institucional del país.
Celebro la posición que ha asumido hasta ahora el Gobierno de la República al enfrentar el conflicto en los muelles de Limón. No se trata de atropellar a las personas, ni de negarles sus derechos, por el contrario, se trata de defender lo que es patrimonio de todos los costarricenses y no de unos cuantos. En este, como en cualquier otro caso, se impone hacer cumplir la autoridad y mantener el orden público.
Es necesario que confiemos de nuevo en la ley, porque ese, es el único vehículo seguro para que podamos volver a confiar en nosotros y en nuestros vecinos. Su pleno respeto, y la seguridad de que aceptamos sus reglas, es lo único que nos hace verdaderamente libres e iguales, en la convivencia social diaria, siempre que actuemos de conformidad, y sigamos en todos los casos por igual sus mandatos, no solo cuando nos parezca oportuno o conveniente el así hacerlo.
Rigoberto Urbina Vargas
