Quienes integran la Corte Plena, como órgano de la superior jerarquía del Poder Judicial, tienen la responsabilidad de resguardar la integridad física de personas usuarias y de servidores y servidoras judiciales que laboran en el edificio. Además, se debe conservar y mantener un patrimonio público de gran valor para garantizar su uso por muchos años más. Por ello, se tomó la decisión de iniciar las obras de reforzamiento a la mayor brevedad.
Se tiene proyectado que los trabajos inicien en octubre próximo y finalicen en dos años. El reforzamiento evita hacer la inversión de construir un edificio nuevo que sin presupuestar el valor del terreno tendría un costo de 22 mil millones de colones.
Se intervendrán alrededor de 16 mil metros cuadrados de construcción, se reforzarán muros perimetrales que subsanarán las debilidades del edificio, cuya carga sísmica se focaliza en el área central de la estructura. El costo de la obra ronda los 3.222 millones de colones.
La Presidencia de la Corte, en coordinación con los equipos técnicos, ha impulsado las acciones necesarias para agilizar el proyecto. Se ha previsto el alquiler de un edificio que albergará al personal de la Sala Constitucional y de la Sala Segunda.
La Sala Primera y la Sala Tercera, así como los otros despachos que funcionan en el inmueble, solo tendrán movilizaciones internas, conforme al avance de las obras, hasta su finalización.
Sin lugar a dudas, tal y como todo proceso de reestructuración, este proyecto podrá generar algunas afectaciones a la normalidad acostumbrada pero se ha buscado preverlas con el fin de causar el menor impacto posible. Esta es una transición necesaria y urgente. La seguridad es esencial en un Estado responsable.

Zarella Villanueva