Escuchaba, hace poco, en uno de los telenoticieros nacionales, una nota informativa sobre el decir del señor Ministro de Transporte, de las nuevas medidas para controlar la flota vehicular que, diariamente circula, dentro de la gran área metropolitana.
Entre las posibles medidas anunciadas en la nota periodística se citó, la posibilidad de ampliar el radio de la zonas prohibidas para circular, extendiéndolo hasta Heredia y Cartago; también se mencionó ampliar el tiempo diario de la restricción, así como, la posibilidad hasta de poner dos días de prohibición de circular para cada vehículo.
En la nota periodística se argumentaba que las nuevas medidas obedecían a las continuas alzas en el precio del petróleo a raíz de la crisis en Libia y a la urgente necesidad de bajar el consumo de los combustibles en el país. Esto pareciera indicar que ya no es solo una medida para disminuir la cantidad de autos que diariamente circulan dentro de la zona restringida, para evitar el colapso vial que se produce por el crecimiento exponencial de la flotilla vehicular en el país pero no así de la infraestructura vial para atenderla adecuadamente.
Cuando uno oye ese argumento de que las nuevas medidas son para bajar el consumo, uno no puedo menos que pensar, en la máxima que en los cursos iniciales de economía, donde nos decían que la demanda se estimulaba o se deprimía a través del sistema de precios y este a su vez, era determinado por el tamaño de la oferta, ya fuese de bienes o de servicios; a mayor oferta, menor precio, a mayor demanda, menor oferta y esto degeneraría en precios más altos para el consumidor final.
Parece que lo anterior, aquí en Costa Rica no funciona en el mercado de consumo de combustibles pues desmiente esa máxima de la economía ya que los precios suben y el consumo de los combustibles también sube, según el decir de la nota informativa.
Por otro lado, tampoco se puede dejar de pensar en cómo vamos a resolver nuestras necesidades de transportes de miles y miles de costarricenses, ya no solo un día sino podría ser hasta, quienes ante la imposibilidad de utilizar su vehículo, tengamos que recurrir al sistema de transporte público, que a todas luces, resulta absolutamente insuficiente para atender la creciente demanda. Al juzgar por esos hechos, el problema es de la gente, no del gobierno, por lo menos así pareciera ser cómo lo ve el gobierno
¿Será que las altas autoridades del gobierno pensaran que esa situación no les corresponde a ellos considerarla y darle opciones de transporte a la ciudadanía? ¿Será que piensan que cada quien vea como se la juega para llegar a sus trabajos?
Esas disposiciones, como otras muchas, que se han tomado, no solo en este gobierno, sino también en los anteriores, dejan claro que en no pocos casos, las políticas públicas obedecen más a una coyuntura, que a un estudio inteligente e integral de la problemática existente y la cual debería ser resuelta de igual manera.
Esa falta de profundidad en el estudio de las causas de una problemática y más bien centrarse solo en los efectos, es un mal que aqueja a nuestra administración pública, desde hace demasiados años y ya va siendo hora de ponerle coto a esta práctica.
Escuchaba, hace poco, en uno de los telenoticieros nacionales, una nota informativa sobre el decir del señor Ministro de Transporte, de las nuevas medidas para controlar la flota vehicular que, diariamente circula, dentro de la gran área metropolitana.
Entre las posibles medidas anunciadas en la nota periodística se citó, la posibilidad de ampliar el radio de la zonas prohibidas para circular, extendiéndolo hasta Heredia y Cartago; también se mencionó ampliar el tiempo diario de la restricción, así como, la posibilidad hasta de poner dos días de prohibición de circular para cada vehículo.
En la nota periodística se argumentaba que las nuevas medidas obedecían a las continuas alzas en el precio del petróleo a raíz de la crisis en Libia y a la urgente necesidad de bajar el consumo de los combustibles en el país. Esto pareciera indicar que ya no es solo una medida para disminuir la cantidad de autos que diariamente circulan dentro de la zona restringida, para evitar el colapso vial que se produce por el crecimiento exponencial de la flotilla vehicular en el país pero no así de la infraestructura vial para atenderla adecuadamente.
Cuando uno oye ese argumento de que las nuevas medidas son para bajar el consumo, uno no puedo menos que pensar, en la máxima que en los cursos iniciales de economía, donde nos decían que la demanda se estimulaba o se deprimía a través del sistema de precios y este a su vez, era determinado por el tamaño de la oferta, ya fuese de bienes o de servicios; a mayor oferta, menor precio, a mayor demanda, menor oferta y esto degeneraría en precios más altos para el consumidor final.
Parece que lo anterior, aquí en Costa Rica no funciona en el mercado de consumo de combustibles pues desmiente esa máxima de la economía ya que los precios suben y el consumo de los combustibles también sube, según el decir de la nota informativa.
Por otro lado, tampoco se puede dejar de pensar en cómo vamos a resolver nuestras necesidades de transportes de miles y miles de costarricenses, ya no solo un día sino podría ser hasta, quienes ante la imposibilidad de utilizar su vehículo, tengamos que recurrir al sistema de transporte público, que a todas luces, resulta absolutamente insuficiente para atender la creciente demanda. Al juzgar por esos hechos, el problema es de la gente, no del gobierno, por lo menos así pareciera ser cómo lo ve el gobierno
¿Será que las altas autoridades del gobierno pensaran que esa situación no les corresponde a ellos considerarla y darle opciones de transporte a la ciudadanía? ¿Será que piensan que cada quien vea como se la juega para llegar a sus trabajos?
Esas disposiciones, como otras muchas, que se han tomado, no solo en este gobierno, sino también en los anteriores, dejan claro que en no pocos casos, las políticas públicas obedecen más a una coyuntura, que a un estudio inteligente e integral de la problemática existente y la cual debería ser resuelta de igual manera.
Esa falta de profundidad en el estudio de las causas de una problemática y más bien centrarse solo en los efectos, es un mal que aqueja a nuestra administración pública, desde hace demasiados años y ya va siendo hora de ponerle coto a esta práctica.
