No es casual el hecho de que en todos aquellos lugares donde la democracia ha sido vencida, por regla que parece de principio antidemocrático, los medios de comunicación son tomados como cabeza de playa en la avanzada de toda intención absolutista, ya sea para hacerse del poder, o para mantenerse en él de manera ilegítima. Afán espurio en el que se precisa controlar y limitar la información; evitar la crítica, y anular la posibilidad del debate de las ideas, propiciando el siempre vano y doloroso intento por forzar la transformación traumática de la cultura de un pueblo.

La labor de la prensa que se ejerce a través de los medios de comunicación independientes - privados y públicos -, tiene un marcado interés público, que las sociedades requieren para el efectivo cumplimiento de las garantías, derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos.

Basta lo dicho para afirmar que cualquier propuesta de participación; de intervención; o de interferencia del Estado en la labor los medios de comunicación privados, no puede ni debe contar con el respaldo de ninguna agrupación política que abrigue como propios los verdaderos principios y valores democráticos.

Las Libertades de expresión, opinión y prensa, en cualquiera de sus manifestaciones, exigen el respeto sin condiciones por parte de las autoridades públicas; e imponen al Estado el deber de evitar cualquier tipo de intervención que limite su más amplio ejercicio, o que condicione su libre y responsable comportamiento.

Los medios de comunicación públicos pueden complementar el acceso de las personas a la información y la cultura en cualquiera de sus manifestaciones, pero en ningún caso deben utilizarse para distorsionar o limitar el libre juego democrático, y la más amplia expresión y difusión del pensamiento y las opiniones de los habitantes de nuestro país, labor en la que los medios de comunicación privados han cumplido a nuestra sociedad un amplio y notable servicio a lo largo de los años.

Los partidos políticos y el Gobierno deben asumir un compromiso permanente de respeto a la prensa y a los medios radiales, televisivos, escritos y electrónicos, garantizándole a la sociedad su libre e incondicionado funcionamiento. Cualquier manifestación que se haga en sentido contrario, no representa y no representará jamás, los valores, los principios, ni los compromisos de agrupaciones políticas que sean verdaderamente respetuosas de la Democracia y del Estado Social de Derecho.

Rodolfo Piza Rocafort