Actualmente, existen más de 40 países que cuentan con leyes e instituciones destinadas a garantizar la transparencia en la gestión pública. Esto pone de manifiesto la urgencia de supeditar la acción gubernamental al escrutinio cotidiano; de arraigar, en toda la población, el derecho de acceso a la información, y de aumentar los niveles de responsabilidad de los funcionarios, todo esto en aras de evitar ese mal de la corrupción que, actualmente, envuelve la labor pública.
Sin embargo, aunque es claro que la legislación es un paso certero en la lucha contra la corrupción, también se debe tener conciencia de que el reglamentar no es suficiente para conseguir una cultura de la transparencia en el deber público. Este propósito radica, además, en lo más íntimo de los funcionarios públicos, quienes nuevamente tienen que actuar con claro sentido de que la administración pública debe estar al servicio de los ciudadanos, con base en los principios de honestidad, eficiencia, rendición de cuentas y responsabilidad.
Si son incapaces de hacerlo, lo menos que se puede esperar es que, por voluntad propia, y por respeto a la Patria que los abriga, no aspiren a otros cargos públicos, o se retiren de ellos; pues si queremos el bienestar nacional, entonces nada mejor que aquello de que “quien no sirva, que no estorbe”. En este sentido, si los servidores públicos no comprenden que cuando son elegidos para un cargo se transforman en funcionarios al servicio del bienestar de la comunidad y no de intereses particulares, partidarios o electorales, entonces fácilmente podrían caer en la telaraña de la corrupción, la impunidad y la soberbia.
De esta forma, los jerarcas públicos dominados y cegados por el poder, que es muy distinto a autoridad, son capaces de hacer cualquier acción, aunque esta esté en contra de los más elementales principios morales y éticos para la sana convivencia de la sociedad. Ahora bien, ante este panorama, bien vale recordar aquella máxima de Mahatma Gandhi que pregona: “No podemos perder la fe en la humanidad que es como un océano; no se ensucia porque, algunas de sus gotas, estén sucias”.
Por ello, aunque en los últimos años algunos servidores públicos hayan impregnado nuestro panorama político-social de una escabrosa falta de lealtad al servicio público, no podemos perder la fe en que aún existen quienes respetan el ejercicio de la política, y todavía procuran forjar un país capaz de emanar justicia, obediencia, solidaridad, paz y transparencia. Pues esta aptitud de esperanza es fundamental si realmente queremos sanear este enfermizo círculo de la corrupción al que hoy se está enfrentando el panorama político-social de nuestra Costa Rica, y si deseamos rescatar lo aún limpio de nuestra Patria.
¡No lo olvidemos! La transparencia pública es un valor que alimenta la esencia del orden democrático del país, por eso, el no trasgredirla, el defenderla y el preservarla, es un acto ético que, sin pérdida de tiempo, le compete llevar a cabo a Costa Rica entera. Toda la sociedad entera es responsable de este proceso democratizador: desde los núcleos primarios como la familia y la escuela, también las organizaciones sindicales o empresariales, hasta llegar a los partidos políticos, el conjunto de las instituciones públicas y el presente y futuro gobierno.
Recordemos, en este sentido, las palabras del político español Enrique Múgica Herzog: “La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas, las propuestas, y la existencia de medios para resolverlos”.
