La resolución de las Naciones Unidas considera que esta declaración aporta un importante paso en la vía del desarrollo y progreso de la humanidad, principalmente porque hace alusión a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Sin embargo esta fecha no debería ser una celebración pomposa o que engalane los tabloides matinales, sino que debe convertirse en ocasión para poner las barbas en remojo y observar con lupa el recorrido, desarrollo, ejecución, protección y aseguramiento de estos derechos para todas las edades y poblaciones que conforman nuestra nación.
A ojo de buen cubero, se torna evidente que falta mucho por hacer y principalmente cuando se trae a la palestra a ciertas poblaciones tales como adultas y adultos mayores, indígenas y migrantes, solamente por nombrar algunas de estas.
Lamentablemente la protección o aseguramiento de los derechos se da por extensión, ya que en pocas ocasiones, y más aún para pocos sectores de la población, existe claridad y explicitud en cuanto a qué garantías se protegen, cuáles se otorgan y cuáles otras son sensibles para exigir.
Esto no es diferente para la población adulta mayor de nuestro país, y aunque existe una ley especial para este sector, da la impresión de que este instrumento jurídico nacional ha caído en desconocimiento o peor aún, ha sido víctima de la voluntad general de la sociedad por obviarla. Y esto tiene repercusiones no solo en la cotidianidad de las calles, en los ultrajes en los autobuses, los abusos y desplantes en instituciones, organizaciones y empresas, sino que sus inverecundos alcances llegan hasta los estrados judiciales, donde la aplicación de esta ley es escaza y en ocasiones priva más la máxima del menor esfuerzo ante el espíritu de imparcialidad y garante del juzgador.
Sin embargo este panorama poco halagüeño podría ser modificado si se aprobara la Convención, esta garantizaría principios generales y derechos propios para esta población. Solamente basta esperar que este instrumento internacional no se convierta en protector o relator de necesidades básicas inherentes, consideradas por estereotipo o prejuicio, al proceso de envejecimiento, sino que sirva para visibilizar y cimentar la participación y promoción de nuestros adultos mayores y nuestras adultas mayores en medio de una sociedad cada vez más gerontofóbica y hedonista que pierde paulatinamente su altruismo y humanidad.
Gabriel Quirós Calderón