Hablar de Democracia es lo mismo que hablar de un Estado de Derecho.  Jamás podremos entenderla sin un cuerpo de leyes e instituciones dispuestas a aplicar las normativas de forma oportuna y sin miramientos de ningún tipo.  Su aplicación por parte de las instancias llamadas a ello,  permite no solo la estabilidad del país en términos del equilibrio legal,  sino que constituye la base sobre la cual se construye el desarrollo económico y social de la Nación.

Este cimiento,  no puede fortalecerse si el ejercicio de la autoridad no alcanza a todos aquellos que vulneren el ordenamiento y que, al amparo de la impunidad,  vivan campantes en sus distintas actividades y hagan de la ilegalidad su diario vivir.

El ejercicio de la ilegalidad ha encontrado abrigo en diversas instituciones, en el sector público y también en el privado.  Se ha visto cobijado por la impunidad,  la ausencia de controles efectivos y finalmente,  por el principal de los males que aquejan a nuestro país:    “el dejar pasar y el dejar hacer”,  y aquella vieja costumbre de que “en Costa Rica no hay escándalo que dure 3 días”.

Nos hemos acostumbrado en el país a la posposición de las decisiones básicas,  del hacernos de la vista gorda ante las irregularidades de cada día y hasta de la complicidad en un sistema de corrupción de libre mercado,  esto es,  regido por la oferta y la demanda.

El ejercicio del soborno y la facilidad con que una enorme cantidad de personas burla las reglas establecidas en la ley de tránsito,  el desenfrenado consumo de alcohol y la consecuente matanza en las carreteras a manos de delincuentes con licencia para matar y la falaz idea de que el fútbol es el remedio de nuestros males porque representa un escape a nuestra oscura realidad;  han hecho que todo pase en el país y nada pase.

En los días recientes,  para citar unos pocos casos,  he visto con dolor campear la ilegalidad,  que se muestra a sus anchas conspirando contra el bien común y hasta con la fe.

El hecho de que un joven en San Carlos haya sido capturado 50 veces en los últimos meses por el mismo delito,  sin la posibilidad o deseo por parte de las autoridades, de hacer valer los derechos de los ofendidos,  es un acto ilegal que produce onda desilusión.

Que a una profesora del Colegio Francisca Carrasco de Guadalupe de Cartago,  no se le haya pagado su salario desde el mes de enero y que ella con sus cinco hijas deban subsistir con el ingreso mensual de su esposo,  que alcanza la suma de 90 mil colones,  es un acto de ilegalidad que debe producir vergüenza.

La desilusión y la vergüenza que producen el silencio,  la ineptitud, la impunidad y el cinismo de quienes son responsables de estos y otros muchos actos;  nos deben llamar a un cambio de actitud y a exigir respeto a este Estado de Derecho golpeado por la ilegalidad.