El nombramiento en una Magistratura Judicial es de los asuntos más delicados en un sistema democrático, como el costarricense. Por ello, sorprende que estando pendientes dos nombramientos en propiedad en el Poder Judicial, en la Sala Segunda y en la Constitucional, se les esté dando largas en su decisión.

Estos nombramientos siempre han sido el talón de Aquiles en nuestra historia republicana, pero lo que pasa hoy, con posposición de éstos,  es realmente preocupante.

Toda elección en un cargo como el de juez de la Corte siempre ha tenido un alto grado de dificultad pues la politización nunca deja de aparecer por lo que es un proceso delicado, que debe hacerse de forma muy cuidadosa y en la que jamás debe quedar la más mínima duda sobre su legitimación.

La elección de un magistrado, requiere de 38 votos y, dada la conformación multipartidista del actual congreso, los legisladores deben lograr el consenso para elegir, en forma responsable, quiénes ocuparán las vacantes existentes en la Corte.

Para la Sala Segunda ya se hizo la preselección y falta todo el trámite del de la Sala Constitucional, al igual que del suplente, pero por la desidia de unos cuantos diputados, quienes NO ACEPTAN lo que la mayoría decidió el pasado octubre, al aprobar el TLC y, obviamente, sus leyes de IMPLEMENTACIÓN, hoy, a la Asamblea Legislativa, la tienen atrofiada, sin que se pueda pasar la página y avanzar en otros y muy delicados temas, como el de estos nombramientos, el de seguridad ciudadana, reformas electorales y constitucionales, entre otras muchas.

¿La causa? Es la más absoluta ausencia de  un VERDADERO líder de estos opositores, serio y responsable, que señale el camino del diálogo, tan necesario, como URGENTE, en este tiempo.

No es posible que una minoría no deje avanzar a los que representan la mayoría del pueblo costarricense, no sólo por la decisión clarísima al haberse aprobado por referendum el T.L.C. sino porque una  MAYORÍA de 38 diputados, de varios partidos políticos, quienes apoyan aquellas leyes, quieren continuar su labor legislativa con otros temas igualmente necesarios para el desarrollo del país.

El problema es que esta MAYORÍA no pueden hacer nada pues resulta que en Costa Rica se ha revertido el orden lógico en el funcionamiento de la democracia y es un minoría la que manda y no deja trabajar y decidir a la mayoría.

El pueblo costarricense está cansado de tanta irresponsabilidad, por lo que no pide sino EXIGE que los diputados opositores, hagan una oposición acorde con una democracia como la costarricense y dejen que la mayoría decida pues las reglas de la democracia así lo mandan.

Hacer lo contrario, alegando un uso “debido” de un “reglamentismo” parlamentari, por demás desfasado y amañado, es, sino inconstitucional e ilegal, desde cualquier punto de vista.