Como representante de un sector que por años ha contribuido a mejorar las condiciones socioeconómicas de los trabajadores y trabajadoras, mediante el fomento de la democratización de la economía quisiera expresar la oposición del Movimiento Solidarista Costarricense a algunas de las medidas propuestas en un proyecto de Ley con el que se pretende capitalizar el Banco Central, pero que de paso afectarían la atención de las necesidades de los sectores de población más vulnerables del país.
Me refiero puntualmente a la aplicación del Encaje Mínimo Legal sobre todo tipo de depósitos o captaciones que realiza el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, institución de la cual el Movimiento Solidarista se honra de formar parte a través de 65 delegados en la Asamblea de Trabajadores y con la cual compartimos la filosofía de contribuir a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sus empresas y organizaciones sociales.
Someter al Banco Popular a esta medida, automáticamente tendría un efecto negativo sobre Sectores de la Economía social que no son sujetos de crédito en el resto del Sistema Bancario como es el caso de las mujeres, los ancianos y microempresarios y a quienes esta institución atiende sus necesidades financieras y sociales a través de fondos especiales creados a partir de sus utilidades.
Aplicarle el Encaje Mínimo Legal a todos los depósitos o captaciones que realiza el Banco Popular implicaría que la Institución deberá trasladar al Banco Central ¢196.962 millones al año, lo cual redundaría en menos recursos para atender las necesidades de financiamiento de estos sectores.
Como representante de una organización que defiende los principios solidaristas y del bien común, jamás podríamos estar de acuerdo con una medida que afectará los intereses de la colectividad y que además, como ya está comprobado, no contribuirá a contrarrestar la inflación, aspecto que figura como la principal justificación y objetivo de este proyecto de Ley.
Lo anterior tiene su fundamento en un estudio por FELABAN en el 2007 que refleja que en el plano internacional la tendencia es a reducir o eliminar del todo los requisitos de encaje, debido al reconocimiento de que éste representa un costo importante para los intermediarios financieros y, que generalmente es trasladado a los clientes, lo cual dificulta la labor de intermediación y limita su competitividad, máxime en un escenario financiero que presiona a la reducción del margen de intermediación.
Es por ello que insto a los señores diputados a encausar el rumbo de este proyecto de ley con el fin de que con el no se afecten la atención de los intereses de los sectores más vulnerables de nuestro país. De seguro, muchas personas les agradecerán este gesto solidario.