Las Ciencias Sociales tienen múltiples desventajas frente a las exactas; pero, conservan una gran ventaja: los clásicos difícilmente pierden vigencia. Cuando Augusto Comte hablaba de la vida orgánica de las instituciones, decía que el Estado sufría etapas de evolución que lo hacían pasar por la infancia, la juventud, la adultez y la decrepitud.
Esto me remite al caso de Costa Rica, pues hay evidencia de que nuestro Estado, después de un exitoso proceso gestado a partir de 1948  con la Segunda República, empezó a padecer síntomas de vejez y decrepitud. Esto nos obliga –sin más posposiciones– a revitalizarlo.
En Costa Rica, con pocas excepciones, creemos que el Estado debe estar presente en cualquier modelo de desarrollo que se adopte. Esto dado que ha sido una concepción socialdemócrata con importantes aportes del socialcristianismo, la que ha prevalecido en el desarrollo de Costa Rica. La socialdemocracia plantea el equilibrio entre la participación del Estado como actor económico y el respeto y estímulo a la iniciativa privada, con el objetivo de distribuir bienestar social. En este sentido, los partidos socialdemócratas exitosos han sabido adaptar sus programas para mantener sus objetivos. La premisa es clara: el Estado no es un fin en sí mismo. El Estado que se necesita es el que permita mejorar el nivel de vida de los ciudadanos.
El debate sobre aumentar o disminuir la intervención estatal en la economía tiene un carácter ideológico. No obstante, la perspectiva socialdemócrata pragmática no plantea esta dicotomía, sino que más bien, sugiere un análisis caso por caso para lograr un balance. Esto puede significar “más Estado” en ciertos aspectos y “menos Estado” en otros.
Así, un Estado moderno debe participar sin ambages en aquellas áreas en las que su actuación tiene un impacto directo en el bienestar colectivo, educación, salud pública, seguridad ciudadana, protección ambiental, lucha contra la pobreza, vivienda digna, acceso equitativo a la cultura, servicios básicos, entre otros.
Más aún, el Estado –vía Cancillería y Comex– no puede renunciar a defender sus intereses a escala internacional y a regentar las negociaciones de comercio exterior. Además, debe convertirse en el principal “arquitecto” de la planificación del desarrollo nacional, vía un Mideplan fuerte. Todas estas son tareas estratégicas en que se requiere “más Estado” en términos de eficiencia, eficacia, agilidad e inversión.
Igualmente, el Estado desde su estructura ministerial debe tornarse en un actor importante, mas no el único, en sectores donde la participación privada y la competencia impliquen un desarrollo más dinámico. Turismo, deporte, banca, comunicaciones, seguros, así como el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, ejemplifican actividades en que se requiere “menos Estado”.
Pero “menos Estado” no significa “cero Estado”. El Estado no debe desentenderse de esas áreas, sino, más bien, asegurar el acceso democrático de la población a servicios de calidad, y corregir las fallas del mercado que afecten la equidad social. De ahí que, aun en el marco de la apertura de los mercados, el Estado conserva un indiscutible monopolio: el de la regulación y la vigilancia, el de definir “las reglas del juego”. Por medio de estos mecanismos es posible revitalizar canales de distribución de la riqueza y de movilidad social, que siempre han sido prioridad en Costa Rica.
Al diseñar el Estado, los costarricenses hemos tenido la sabiduría, la visión y el pragmatismo para perseguir con decisión el principal objetivo del desarrollo: el mayor bienestar para el mayor número. Ahí radica el éxito de nuestra democracia. El Estado que necesitamos es el que nos permita, sin nostalgia y con eficiencia, la construcción de un país más próspero.