Algunas autoridades constituidas con actitud blandengue y hasta pusilánime, en el pasado lejano y en otro no tanto, han dado pie para que algunos sectores de la población, vean como simple letra muerta nuestras leyes y hasta la misma Constitución Política, las cuales hasta juraron defender y hacer respetar.
Los hechos sucedidos en días pasados, en la Universidad de Costa Rica, UCR, constituyen un buen ejemplo de lo anterior pues donde, lo esperable era más bien que la seguridad interna, algunas y algunos estudiantes y profesores universitarios la agarraran contra el sospecho de haber cometido un delito y hasta lo hubieran capturado y puesto en manos de las autoridades policiales. Esto hubiera permitido que la Justicia siguiera su lógico y esperado curso, como debe ser en un Estado Social de Derecho. Pero, desafortunadamente, para el cumplimento del debido proceso, por los actos de algunas y algunos universitarios, se impidió que el sospechoso de un serio ilícito de corrupción fuese capturado, antes de que destruyera la prueba que lo incriminaba, según informó la prensa. El argumento para justificar tal acción universitaria, en ese zafarrancho, con la policía, fue la defensa del principio de Autonomía universitaria consagrado en nuestra Constitución Política.
No es mi intención entrar en este espacio a valorar los alcances de este principio pues como dije, en un comentario anterior, eso lo deberían hacer, casi que de oficio, el Decanato de la Facultad de Derecho de la misma UCR, el Colegio de Abogados y Notarios y por supuesto, lamisma Sala Constitucional, Sala IV. En lo que sí quiero insistir, es que el principio de autoridad y el debido respeto a las leyes, son la base fundamental del estado social de derecho, en el que todas y todos sus ciudadanos debemos estar muy claros y aún más comprometidos en su absoluto acatamiento pero de manera muy especial, quienes forman parte de algún ente del sector público, como son las autoridades universitarias y los jerarcas de todos los poderes del Estado.
Que haya votos de la misma Sala IV sobre derechos de la Universidad para regular la circulación en sus calles internas, igual que los tiene cualquier condominio privado bien organizado, no es patente de corso para que perseguidos por las autoridades policiales encuentren allí un santuario inviolable. Las resoluciones de la Sala IV sobre tal autonomía son claras en la noción de que "nadie puede interferir en esa autonomía universitaria", siempre y cuando sus autoridades no violen la Constitución Política. Impedir la persecución de un delito, pareciera ser una violación de dicha Constitución.
De existir aparentes conflictos entre normas constitucionales, cual parece ser el caso que nos ocupa, en vez de iniciar una pugna desgastante, lo pertinente es buscar en las instancias correspondientes, dilucidar el conflicto de manera inteligente y respetuosa de la institucionalidad, salvaguardando el imperio de la ley y nunca que un hecho así, sirva para que la justicia se vea burlada, como sucedió en esta ocasión.
Sin embargo, las actitudes de la señora Rectora de la UCR y los acuerdos de los consejos de las universidades públicas, llegaron a extremos realmente superficiales por parciales. También muy flaco favor, pienso, que le hicieron a la institucionalidad del país y al principio de autoridad, lasdeclaraciones del doctor Luis Paulino Mora, Presidente del Poder Judicial, las que al tratar de ser conciliadoras, cayeron en medrosas, al dejar abierta una eventual cesión del señor Jorge Rojas, Director del OIJ.
Concluyo saludando al señor Jorge Rojas Vargas por su valentía, de que a pesar de la velada amenaza de ser despedido; en una reunión con todas y todos sus subalternos, reiteró que él volvería a entrar a la universidad en San Pedro, si el cumplimiento de la ley así lo exigiera. Honor a quien honor merece y este radica en la coherencia y valentía de don Jorge por su defensa a capa y espada de la institucionalidad del país, la cual, él como otras y otros, ha jurado, en diferentes momentos de su vida, respetar, defender y hacer cumplir.