Los hechos de los días 12 y 14 de abril llaman a meditar profundamente dada su  gravedad y delictuosidad.

Primero, el de un grupo de supuestos “estudiantes  universitarios”, que bloquearan importantes vías en San Pedro, hicieron propio las calles con inmensas fogatas y la policía, aunque presente, no hizo nada para enfrentarlos, detenerlos y pasarlos al Ministerio Público por los varios delitos que, en flagrancia, cometían.

Las imágenes de TV, de cómo preparaban, con total descaro, bombas “molotov” y realizaban sus actividad delictiva deja más que en entredicho el propósito que estas manifestaciones, hechas por revoltosos que dicen llamarse “troskistas” pero, de seguro, ni ellos saben qué es “eso”.

Son, mejor dicho, anarquistas que sólo quieren el desorden a costa de las libertades que nuestro estado de Derecho le garantías pero de las que ellos abusan, delinquiendo.

Segundo, los hechos del 14 de abril, actos vandálicos  que un grupo de supuestos vendedores ambulantes, muchos de ellos evidentemente extranjeros ilegales, a quienes deberían deportar de inmediato, causaron en el centro de la capital, también a vista y paciencia de la policía que, incluso los acompañó, cuando esa chusma cerraban a la fuerza las puertas de metal de los negocios, ubicados en la avenida central y la cuarta.

La Ministra de Seguridad dijo en TV que la orden dada a los policías de no actuar lo fue “porque ésta es “preventiva” y sólo querían evitar, según ella, disturbios mayores.

Así, con ese cuento, cuando estos grupos, aprovechándose de la candidez ministerial, quemen y maten, causando pérdidas, por demás evitables, serán estas autoridades, las que deberán dar cuentas por incumplir con los deberes para el que fueron nombrados.

De todo esto, se podría perfectamente concluir que los cabecillas del movimiento de protesta de estos días, viendo que no logran la “masificación” de sus protestas, según lo pretenden, han llegado a tal grado de desesperación que recurren a hechos ilícitos que están muy lejos de ser manifestaciones pacíficas, por lo que las autoridades judiciales y policiales deben actuar de inmediato.

Se espera que, con la diligencia que los casos ameritan, el OIJ y el Ministerio Público, actúen en concordancia con la gravedad de los hechos perpetrados para que los autores, cómplices e instigadores (incluidos algunos funcionarios) sean sancionados de acuerdo al ordenamiento jurídico penal que rige un Estado de Derecho, como el costarricense.

No se debe permitir que se justifique la inacción policiaca, por su naturaleza preventiva, cuando lo ocurrido, en ambas trifulcas, eran delitos en evidente ejecución.

¡Basta ya de tanta permisividad delincuencial!