Lo que sucedió en JAPDEVA, con la renuncia de su presidente y que se repite al son de los privilegios sindicales cada cierto tiempo es, precisamente, la gota que derramó el inmenso baso pues es lo que justifica, debidamente, que los puertos del atlántico costarricense, deben darse en concesión, de inmediato.

Lo que han hecho este pequeño grupo de sindicalistas, perezosos en sus oficios pero diligentísimos cuando se trata de sacar más de la escurrida ubre estatal, con toda impensable cantidad de privilegios, no admite otro camino que eso y el gobierno debe actuar de inmediato, pues si de algo están ávidos los costarricenses es de autoridad; echada de menos hace ya bastantes años.

No hay que confundir: No porque el presidente Arias haya anunciado una gran inversión, de todo tipo, en esa provincia, que se pretende sea una verdadera CIUDAD PUERTO, hay que dejar de lado la necesidad de que, como sucede en el Pacífico, se de en concesión los puertos de Limón, de modo que hayan mejoras sociales, tangibles, en tan bellas costas.

Caer en el juego de los grupos de presión, que les da por creerse dueños de lo que es patrimonio de todos los costarricenses, bloqueando el progreso nacional, hace necesario estar “ojo al Cristo”, pues se pueden ir por borda lo que se pretende con esos millones de dólares que se piensa invertir en el puerto del caribe.

Además, no se debe permitir que se siga jugando con la tranquilidad y estabilidad de los limonenses, honestos y trabajadores, quienes, tienen el derecho, aun no siendo funcionarios de JAPDEVA, que su calidad de vida sea asegurada.

La experiencia que han dejado las millonarias remesas públicas dirigidas a esa provincia y que, de pronto, son dilapidadas por los mismos, es un campanazo a este gobierno para que ejerza la fiscalización puntual de cada cinco que se invierta, actuando con previsión pues luego puede ser muy tarde, continuando el circulo de la pobreza para la mayoría limonense.

La paz no es sólo sinónimo de ausencia de violencia sino que es, también, inversión social para que haga efectivo el principio constitucional de solidaridad y que ésta llegue a quienes realmente necesitan salir de la pobreza y con ello de los problemas que arrastran a tantos en esa y otras zonas del país.