El 20 de Octubre o el 1 de febrero pueden convertirse en fechas históricas en Costa Rica. Primero, porque en ambas fechas humildes costarricenses perdieron  la vida por falta de un simple mantenimiento a dos añejados puentes, y segundo, porque debe de ser la fecha que marque un giro en el papel en que el Estado Costarricense se hace responsable de las cosas.

La irresponsabilidad del Estado no es algo nuevo. La irresponsabilidad ha sido una práctica que ha funcionado y da provecho sin grandes esfuerzos e inversiones.

Fue la educación primaria y secundaria la pionera en alejarse del Estado. Escuelas y colegios públicos no llenaban las expectativas de familias acomodadas de la época y se inicio un proceso donde la educación de los hijos dejaba de ser responsabilidad del Estado para convertirse en una responsabilidad marcada por una relación entre la familia y la institución educativa.

Las familias que han deseado mejor educación han tenido que matricular a sus hijos en un centro privado y buscar cómo pagar su nueva formación. Pero esas familias, que hoy no todas son acomodadas, han seguido pagando sus impuestos al Estado que garantizan la educación pública y obligatoria en el país, pero que sus hijos ya no reciben.

La salud y atención médica también se convirtió en una responsabilidad personal y no estatal. Todo costarricense paga, mes a mes,  sus cuotas obligatorias al Seguro Social y lo hace de forma solidaria. Pero cada año más costarricenses tienen que buscar atención médica en clínicas y hospitales privados ante el retraso y maltrato que reciben en los centros estatales.

Citas “futuristas” para especialidades médicas y cirugías, horario de oficina en los Ebais, filas interminables, pésimas condiciones en algunos centros de salud y la increíble proporción de un médico para varios cientos de familias en algunas comunidades del país es la razón que hace que los ticos migren de un sistema de salud que ya pagaron por adelantado a un sistema que tendrán que volver a pagar muy caro.

También las emergencias. Es mejor tener un plan de emergencias médicas privada que siempre llega a tiempo, que depender solamente de la Benemérita Cruz Roja que ya fue pagada en el recibo telefónico.

La seguridad ciudadana no se quedó atrás. La cantidad de cuasi-policías y guardas privados casi duplica la cantidad de policías pagados y entrenados por el Estado. La casa, el auto y la escuela es más segura ahora si se contrata los servicios de una policía privada. No es bueno depender exclusivamente de la llegada de la policía que ya pagamos con nuestros impuestos.

A la educación superior también le llegó su turno hace treinta años. Existen cuatro grandes y costosas universidades públicas que no desean renunciar a un pequeño porciento de sus grandes presupuestos aún en época de crisis, pero son las universidades privadas las que están asumiendo el rol de educar a una gran mayoría de los jóvenes que desean tener un título universitario para insertarse en el mercado profesional de forma exitosa.

Ninguna de las cincuenta universidades privadas del país recibe un colón del Estado para su indiscutible tarea, pero todos los costarricenses pagan las universidades públicas aunque no hacen uso de ellas.

No podían faltar las carreteras, nuestras carreteras. Impuestos altísimos en la importación de vehículos, marchamos, impuestos a los combustibles, RTV y peajes son pagados obligatoriamente por cada propietario o usuario de un vehículo para arreglar las carreteras y los frágiles puentes en el país. Pero la realidad es muy conocida y muy triste. Las vías de nuestro país son trampas mortales que están al acecho los siete días de la semana.

Existen vías que están cambiando el panorama, como es el caso de la nueva y polémica carretera a Caldera, pero, esa tenemos que volver a pagarla, y muy cara,  porque está en manos privadas por treinta años.

No se trata de renunciar, todo lo contrario, se trata de anunciar que la responsabilidad va a ser tomada como algo serio en Costa Rica. Se trata de que el Estado  reclame, grite, su nuevo papel ante sus obligaciones y deje de convertir en responsable al chofer del bus o del camión, al enfermo y a la familia del estudiante que quiere mejor educación para su hijo.

En momentos de regocijo democrático como el vivido el pasado domingo, el puente de hamaca de Turubares y el puente sobre el río Lagarto  pueden convertirse en los puentes que cambiaron la posición de un Estado irresponsable y abusador en un Estado comprometido con sus ciudadanos.