Si hay algo que sobra en Costa Rica son leyes, decretos y reglamentos, llevamos años de años, donde las y los políticos, prácticamente, le han impuesto a la ciudadanía una camisa de fuerza hecha de leyes. El excesivo legalismo y reglamentismo atenta, directamente, contra un ágil desarrollo económico y social del país, amén de que de alguna forma el exceso de leyes, decretos y reglamentos son un caldo de cultivo que favorece hasta la corrupción.
Muchas leyes son injustas porque inciden negativamente en el bienestar de la mayoría del pueblo y no pocas veces, fuerzan a algunas personas a tener que pagar dádivas a funcionarios públicos, quienes amparados en nuestro hipertrofiado sistema jurídico abusan de sus puestos en beneficio propio.
Recientemente, la Sala Constitucional declaró inconstitucional la última ley necesaria para que Costa Rica se incorporara activamente al Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, el TLC. La inconstitucionalidad, según lo informaron los medios periodísticos, estriba en que el país suscribió un tratado internacional que obliga a que la población indígena deba ser consultada, antes de aprobar leyes cuyo fondo tenga relación con asuntos como los tocados en la ley de la propiedad intelectual.
Este comentarista con humildad reconoce que desconoce el tratado que sirvió de base para fundamentar el fallo de la Sala Constitucional pero no hay necesidad de conocerlo para concluir que ese fallo, tendrá grandes consecuencias negativas para la estabilidad económica del país, si por el quedarnos, eventualmente, fuera del TLC.
Las leyes de apertura de las telecomunicaciones y seguros, ya son realidades jurídicas y como tales, empresas privadas, nacionales y extranjeras, amparadas a esas leyes, podrán iniciar operaciones comerciales en el país. Si bien este comentarista es un convencido de que la competencia en telecomunicaciones y seguros, será sana y traerá más beneficios que perjuicios al mercado costarricense, sin embargo, también está claro que su apertura, fue producto de un costo de oportunidad, para poder participar de los beneficios ligados al TLC. Ahora estos beneficios, parecieran estar en la cola de un venado.
Todas y todos los costarricenses, incluidos los indígenas, tuvimos la oportunidad de opinar y hasta decidir libre y democráticamente, como corresponde a una verdadera democracia, si queríamos o no ser parte del TLC e indirectamente también se dijo Si a las leyes necesarias para que esta decisión popularmente expresada pudiera tener eficacia.
Pero, además, si hay algo que pareciera reñir contra la Constitución Política y el principio de igualdad consagrado en ella, precisamente, es el tratado internacional que sirvió de base a la Sala Constitucional para dar su fallo pues le da un trato preferencial a un sector de la ciudadanía, el de los indígenas, que no tienen otros sectores de la sociedad costarricense pero aun va más allá, ese privilegio, de alguna forma afecta negativamente la decisión de los otros ciudadanos, quienes, mayoritariamente, dijeron SI al TLC y ahora este mandato popular podría ser desatendido.
Para algunos con el fallo de la Sala Constitucional, se cumplió con la legalidad, aunque para otros, probablemente, los más, se hizo pero sacrificando la voluntad soberana del pueblo y por ende la justicia quedó supeditada al formalismo de la legalidad.