En las últimas semanas el tema que ha ocupado a los diputados de la comisión legislativa que estudia el proyecto de Ley Reguladora del Mercado de Seguros en Costa Rica, se ha centrado en una discusión que pareciera no tener sentido si ahondamos en las razones que giran en torno a ella. Me refiero a la posibilidad de que el Instituto Nacional de Seguros pueda expandir sus operaciones comerciales fuera de Costa Rica. Esto no es un tema nuevo; desde su creación en 1924, el INS cuenta con la potestad legal de realizar  la venta de sus seguros en el extranjero, esto,  gracias a la sabiduría de dos hombres visionarios a quienes caracterizó una gran confianza en las capacidades del costarricense; me refiero al Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno y el Lic. Tomas Soley Güel.

Han pasado ya 84 años desde la creación del INS. Hoy, el Instituto es una empresa con una excelente solidez financiera, administrada bajo los estándares internacionales que rigen esta industria en el ámbito mundial. La experiencia y capacidad técnica de sus funcionarios son reconocidas en otros países. Todas sus operaciones están respaldadas con las suficientes reservas técnicas que garantizan a los costarricenses el cumplimento de sus obligaciones. En definitiva, esta empresa del Estado se ha desarrollado sanamente, ha crecido de forma robusta y se encuentra preparada para competir con las empresas que ingresen al mercado local.

Es acá, donde a mi juicio, se debería centrar esta discusión. Si con la apertura del mercado de seguros en Costa Rica, se faculta a otras aseguradoras para realizar oferta y venta de seguros en nuestro país, ello quiere decir que el mercado local se distribuirá, como es lógico, entre varios actores. Esto es natural y sano en un mercado competitivo. Lo que no lo es, es que, todas las compañías de seguros que operarán en el país, salvo el INS, contarán con operaciones en otros países, es decir, tendrán grandes carteras de clientes que les permita dispersar sus riesgos y en consecuencia ofrecer tarifas competitivas en la región.

El Instituto en cambio seguiría operando solamente en Costa Rica, con una participación de mercado local disminuida, y con la prohibición de operar en otros países del área. Con esas condiciones, ¿cómo ser realmente competitivos, cuando a otros se les allana el camino y a nosotros se nos complica?

Adoptar una decisión en ese sentido sería entonces un grave error. No estoy en contra de la apertura, por el contrario, creo al igual que muchos funcionarios del INS, que esta es necesaria para ofrecer a los costarricenses más calidad y variedad en los servicios de seguros, pero prohibir al Instituto expandir sus operaciones en la región no es más que una muestra de desconfianza en las capacidades empresariales de los ticos. Señores Diputados, el INS tiene las condiciones técnicas, los recursos económicos –que sí, son de los costarricenses y por ello los administramos bien- y lo más importante en este negocio: el recurso humano idóneo para emprender esta empresa.

Estas condiciones de operación, de clara desventaja competitiva constituyen también un serio perjuicio para muchas empresas costarricenses con operaciones también en el extranjero. Bajo este marco de operación que se pretende aprobar, el INS solo podrá asegurar sus operaciones locales, pero no podrá asegurar las que se desarrollen en otros países. Esta decisión obligará al INS a decir NO PUEDO a muchos costarricenses, cuando en realidad SI PODEMOS.

Señores Diputados, Ustedes tienen la palabra, de una forma u otra, harán historia con su decisión.