Sin embargo, ni ese medio ni un par de funcionarios públicos que sostienen la misma tesis, han podido diferenciar dos tipos de hechos claramente diferentes:

En el primer tipo están los asaltos y asesinatos cometidos por criminales organizados utilizando armas robadas a gente decente, a empresas o al mismo gobierno, como los centenares de armas robadas a la policía de Tránsito.

En el segundo tipo ubicamos al uso legítimo de las armas inscritas que han hecho ciudadanos decentes y funcionarios de seguridad, cuando han debido defenderse de las acciones de los criminales.

Entre esos dos tipos se encuentra un tercero, que son los lamentables y trágicos accidentes que ocurren con cierta frecuencia, ya sea por impericia, por descuido o por simple ignorancia.

Sospechamos que la razón de que, ni ese medio de comunicación ni esos funcionarios hayan podido diferenciar entre hechos tan diferentes es muy sencilla y preocupante: pretenden engañar a la opinión pública para que, basada en ese engaño, apoye sus tesis ideológicas minoritarias.

La peregrina tesis de esas personas es que, desarmando a los ciudadanos honestos y dejándolos indefensos frente a los criminales, se terminarán todos los problemas de la inseguridad ciudadana.

A ellos no les importa la evidente imposibilidad de que la policía nos brinde protección permanente a todos los habitantes del país, ni la incapacidad manifiesta del sistema judicial de perseguir, enjuiciar, condenar y encarcelar por lo menos a todos los criminales violentos. Lo único que les interesa es que la gente decente esté indefensa y los delincuentes armados.

Para concretar sus intenciones, han deformado el sentido del servicio que debe prestar el departamento de control de armas del ministerio de seguridad pública, llenándolo de trámites innecesarios y abusivos que violan el principio de simplificación de trámites del estado, y a la vez encareciéndolos, de manera que a un humilde campesino le sale más caro el trámite de inscripción que comprar un modesto rifle bala U.

Uno de los resultados de esta obstrucción y denegación del servicio es que muchos policías del Ministerio de Seguridad Pública tienen sus permisos de portación de armas vencidos o incluso carecen de ellos.

Para ese medio de comunicación y a esos funcionarios públicos el Principal Problema es que no saben reconocer con certeza cuál es el verdadero problema de seguridad pública y mucho menos tomar las medidas para combatirlo de raíz.

Mientras sigan creyendo que el problema no es el crimen organizado sino las armas legales en poder de los ciudadanos decentes, lo único que conseguirán es que Costa Rica será cada día un país más seguro,… pero para los criminales, asesinos y violadores.

Para todos los demás, solo nos ofrecen paz, y después gloria.

Comentario de David Jiménez Ramírez,