En estos 30 años he visto, oído y conocido a miles de licenciados en derecho y uno que otro abogado; me veo obligada a mencionar esta diferencia porque la producción en masa de profesionales en este campo, hace que sea imperativo el abordar de inmediato por la autoridades competentes el establecimiento de estándares de calidad   objetivos en mejoramiento del ejercicio del derecho tanto en la administración pública como en el sector privado.
Esta crisis de la desmejora o inexistencia de la calidad en la profesión de la abogacía es funesta para la seguridad jurídica, máxime en un estado de derecho como el nuestro, donde el derecho es el instrumento per se para la existencia de lo que hoy conocemos como Costa Rica y nuestra idiosincrasia.
Veintitrés o Veinticinco  licenciados en derecho, funcionarios públicos; pagados con los dineros de TODOS, al servicio del SOBERANO (el Pueblo), tuvieron el tupé de copiar y pegar “retazos” de normas de diferentes partes del mundo sin mayor análisis (si decidimos creerle a la Ministra del Ramo y SU Vice Ministro), y sacan a la luz lo que hoy horroriza a Costa Rica, tratando de silenciar con supuestos éticos, morales y subjetivos de quien valoraría (posiblemente esos mismos licenciados en Derecho y  funcionarios harían la valoración)   lo que sería permitido publicar.
Decía el honorable jurisconsulto Jorge Enrique  Guier Esquivel, que habían dos tipos de abogados,  los que nacen y los que se gradúan de licenciados en derecho.
Bueno “para muestra un botón”, 23 o 25 licenciados en derecho pagados con recursos públicos intentaron un movimiento golpista contra la libertad de prensa.
Hace unas semanas la Presidente Ejecutiva de RECOPE decía que los “abogados” de RECOPE le decían que no se podía hacer nada con la propuesta del Científico Franklin Chan; y éste mismo decía que esta “malas” asesorías debían corregirse.
El mismo Presidente de la Repúblico no hace mucho dijo ante los medios algo similar, en relación a que los “abogados” no permitían hacer mucho.
Posiblemente todos los ciudadanos hemos tenido la desgracia de recurrir ante una institución pública y encontrarnos con “criterios jurídicos” nugatorios que posteriormente los Tribunales se traen abajo por ilegales, inoportunos, ineficaces, sea contrarios a todos los principios que rigen el derecho público.
Costarricenses; no puede Costa Rica seguir en manos de estos graduados en licenciatura del derecho, necesitamos abogados. Hay que poner coto a esto.                         Sabrina Hidalgo Rojas .