Actualmente en Costa Rica contamos con más de 380 personas facilitadoras judiciales, que se encargan de manera voluntaria de acercar los servicios judiciales a sus vecinos en lugares lejanos.
Uno de los mayores impactos que tuvo este servicio el año pasado fue precisamente a nivel comunitario. Como parte de sus funciones, estas personas organizaron cerca de 500 actividades informativas, tales como charlas con información jurídica, derechos o trámites judiciales. En estas charlas participaron 7.500 personas.
Estas acciones fueron apoyadas también por personal judicial local y de otras instituciones públicas como Inamu, IAFA, Setena, Pani, por ejemplo, en donde especialistas en temas muy particulares compartieron su experiencia y conocimiento con la población directamente ahí en sus comunidades.
La señora Sara Castillo Vargas, Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, ente encargado de darle seguimiento a este Servicio en el Poder Judicial, nos amplía sobre este tema del impacto comunal:
INSERCIÓN:
Asimismo, las personas facilitadoras hacen un trabajo de empoderamiento en derechos y responsabilidades con sus vecinos, fomentan la confianza en el sistema de justicia costarricense al ofrecer información y acompañamiento en ciertos procesos judiciales. Por ejemplo en 2015, estas personas acompañaron a casi 200 personas a realizar gestiones en oficinas judiciales, como por ejemplo interponer alguna denuncia en el OIJ o en alguna fiscalía, demandas laborales o civiles, solicitud de atenciones especializadas a personas menores de edad.
Todo esto también contribuye a una economía de recursos, ya que las personas facilitadoras judiciales, al ofrecer servicios directamente en sus comunidades ahorran tiempo y dinero a sus vecinos y vecinas. Sobre esto nuevamente la señora Sara Castillo nos explica:
INSERCIÓN:
Para el personal local y autoridades del Poder Judicial el aporte de las personas facilitadoras judiciales es muy valioso, ya que se trata de una contribución para garantizar el acceso que tiene toda la población habitante del territorio costarricense a los servicios públicos judiciales y, de esta forma, fortalecer este derecho humano.
Para más información sobre el Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales y los lugares en donde opera se puede llamar al 2295-3322.
