Pero la cosa no termina aquí, resulta que las autoridades autorizaron, en escasos días, el traspaso de esta concesión a OAS; ahora a raíz de la decisión de la Presidente Chinchilla de rescindir el contrato, el Estado deberá ahora compensar a OAS por una suma que ronda, según el decir de algunos, los treinta y cinco millones de dólares. Esto según se dice, es solo para cubrir los gastos en los que OAS incurrió.
Tampoco entiendo cómo una concesión puede ser traspasada de una entidad a otra, sin que medie un nuevo proceso de adjudicación, en el que participen nuevos y diferentes oferentes. Pero aún más inaudito es que se le permita a la empresa que incumplió su obligación hacer la negoción privada con otra empresa y pasarle un derecho que no honró en tiempo y forma contratada.
No puede ser posible de que semejante omisión por cinco años y otras acciones recientes, no acarren serias consecuencias por incumplimiento de deberes por parte de las autoridades responsables de administrar y vigilar la debida implementación de una concesión adjudicada.
Todos los funcionarios públicos de las diferentes instituciones públicas involucradas con que esas realidades se hayan producido alrededor de esta concesión, han demostrado, con creces, en el mejor de los casos, no tener la capacidad necesaria para estar en sus puestos y en el peor de ellos, haber incumplido sus deberes por motivaciones que deberían revisarse si riñen con nuestro Código Penal. Todo esto realmente no es solo increíble sino inaceptable.
Basta ya de tanta burla a este pueblo. Pero en realidad debemos ser los ciudadanos quienes tomemos conciencia de esa burla y de acuerdo a nuestra Constitución Política generemos el CAMBIO integral que la democracia costarricense necesita.
Estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral y los costarricenses debemos pensar muy seriamente en quiénes vamos a llevar a los puestos de elección popular; deben ser personas diferentes y claramente más que comprometidas con propuestas viables, inteligentes y visionarias enfocadas en mejorar el nivel de vida de todas y todos los costarricenses y así, de manera democrática, ponerle un hasta aquí a tanta incapacidad e irresponsabilidad vista en la gestión pública, ya por demasiados años.