Ha regresado el tema de si el nombre de Dios ha de estar o no en nuestra Constitución y de si debe jurarse en nombre del Altísimo o solamente en nombre de las leyes de la República.

  Un grupito de minorías promueve la idea, a la par de unos cuantos diputados y diputadas de varios partidos que, digan ellos lo que digan,  no son más que portavoces de los chispazos locales iniciales de una “catolicofobia” que viene generando atropellos innecesarios a la libertad religiosa en Asia, Europa y ahora desean importarla a nuestra precaria Tiquicia.

  De si el artículo 75 y 194 de la Constitución deben permanecer o no iguales, de si el camino futuro de regulación de relaciones entre estado costarricense e Iglesia católica ha de ser retomando el viejo camino de los antiguos concordatos, hoy convertidos en novedosos tratados internacionales entre el estado local y la Santa Sede, sobre eso no deseo abundar. Más bien, deseo referirme a otros puntos.

  Primero la falacia de que estado laico es igual a mayor libertad y respeto por las religiones, sus contenidos y sus aportes. Así no ha sido y así no será. La  historia lo demuestra y la lista de atropellos es infinita y todo en nombre de la libertad, la laicidad y todo lo que viene argumentando a fuera de “actuales criterios jurídicos y teóricos” algunos movimientos locales que no hacen más que caer en un laicismo de la peor ralea y de características más que preocupantes y, a todas luces, no demasiado bien intencionadas.

  Lo otro tiene que ver con el famoso rol de la minorías. Es sabido que una minoría es un grupo menos numeroso que, diferenciándose por raza, etnia, lenguaje, religión, cultura o comportamientos y/o preferencias, se oponen por ello a la mayoría de la población que vive en un Estado determinado.

  Es claro que a las minorías se deben respetar y que a ellas se debe, más que tolerancia, respecto activo. En Europa, luego de 1919 y sobre los escombros del antiguo imperio austro-húngaro, nacieron una serie de estados que dieron garantías a las minorías en cuanto al ejercicio de ciertos derechos esenciales y a la conservación de su identidad. Entre nosotros las garantías de respeto a las minorías siempre han estado dadas. Lo que a veces ocurre es que ellas no acaban de asumir su rol en cuanto tales e intentan reproducir una y otra vez lo que en Costa Rica es tan común, esto es, la dictadura de la  minorías o el ejercicio, en aras del respeto que les es debido, de una especie de casi-gobierno en que con harta frecuencia el querer de los más se ve una y otra vez menoscabado por las exigencias de los menos.

  Ahora, sí es cierto que la democracia es una fórmula buena para resolver el hecho de la pluralidad humana y que ya están establecidos todos los procedimientos para tomar decisiones a partir de la regla determinada por la mayoría con respeto atento a la opinión de las minorías, pues si es todo así de claro la vía está abierta: votemos a ver qué pasa.