La desconfianza de la población en el sistema institucional costarricense crece cada día más. Así nos lo hizo saber la Defensoría de los Habitantes. Según esta institución las últimas encuestas no hacen sino reafirmar una tendencia hacia la pérdida de credibilidad y su negativo efecto sobre la legitimidad de la democracia. Sintomático es, en ese sentido, que la confianza de los habitantes se dirija hacia las instituciones de control antes que aquellas encargadas de la toma de decisiones así como de la formulación y ejecución de políticas públicas. Estamos ante un fenómeno que tiene varios años de estarse cultivando y que se manifiesta en todos los ámbitos institucionales del gobierno nacional y local, si distingo de período gubernamental o signo político. Es una realidad que hemos podido percibir desde la Defensoría de los Habitantes como resultado de la relación cotidiana con los habitantes de todo el país. Precisamente derivado de esa experiencia, podríamos señalar las siguientes como las causas más importantes de esa frustración que manifiesta la ciudadanía:  La actitud de suficiencia asumida por los órganos públicos en la que la participación de los habitantes ha pasado a ser residual ignorándolos al momento de tomar decisiones y formular políticas y obligándolos a pedir como favor lo que podrían exigir como derecho.  La ausencia de una cultura de rendición de cuentas en la que los funcionarios cumplan su deber de informar sobre el resultado de su gestión. No solo se trata de exponer lo hecho sino de referirse a lo que no se hizo y las razones que lo justifican. Ello implica, además reconocer el derecho de los habitantes a exigir cuentas sobre el cumplimiento de las responsabilidades que derivan del ejercicio de la función pública y los compromisos adquiridos al asumir el cargo.  La falta de transparencia en el ejercicio de la función pública, principio que tiene fundamento constitucional y que implica el respeto a la legalidad, la garantía de acceso a información fehaciente y en condiciones de igualdad para los habitantes y la atención a los mecanismo de protección de los derechos de la población y el consecuente control de la Administración.  La corrupción que alude a conductas que se desvían de los deberes inherentes a la función pública con la intención de perseguir beneficios particulares en perjuicio directo de la calidad y eficacia de la prestación de servicios públicos y los derechos de la población.  La impunidad que ha acompañado los más graves y lamentables casos de corrupción y violación a los deberes de la función pública, lo cual provoca una visión poco igualitaria de la justicia.  La existencia de privilegios que crean diferencias sin fundamento objetivo con el fin de justificar la utilización de fondos públicos para el pago de beneficios desproporcionados e irrazonables a favor de un grupo reducido de personas vinculadas al ejercicio de la función pública. Esto es lo que nos dicen los habitantes. Esto es lo que hemos comprobado cada vez que visitamos comunidades, atendemos reclamos de la población e interactuamos con las instituciones responsables. El régimen institucional costarricense se encuentra ante el desafío de recuperar el diálogo franco con una ciudadanía activa y comprometida. La situación actual recoge las demandas de una sociedad que reclama un sistema político capaz de renovarse, más comprometido con el bienestar de sus habitantes, responsable en su gestión de administrador de los bienes públicos y de representante de los intereses de la población. Asumamos con responsabilidad un alto en el camino. El país tiene las reserva morales y políticas para hacerlo.