Recientemente, la señora Presidenta de la República destituyó a su Ministro de Obras Públicas y Transportes, por hechos de corrupción en la construcción de la carretera “1856”, en la margen del Río San Juan. Doña Laura Chinchilla consideró necesaria la destitución, no porque el funcionario cometiera personalmente alguna irregularidad, sino porque en su condición de jerarca le cabía “responsabilidad política”.
La decisión merece nuestro aplauso y aprobación. No obstante, también nos genera algunas interrogantes sobre la coherencia de la señora Presidenta. Veamos: al jerarca del MOPT, lo destituyó por hechos que cometieron sus subalternos, pero al jerarca de Hacienda lo mantuvo en el cargo y lo defendió, cuando estaba siendo cuestionado por actos personales y propios. ¿Porqué la diferencia? ¿Qué la justifica?
Si de “responsabilidad política” se trata, pareciera que hay un claro problema de coherencia, pues en ambos casos se imponía la destitución del Ministro.
La actuación de doña Laura Chinchilla puede entonces interpretarse de dos maneras distintas. Para algunos, se trató de una medida de “satisfacción a la opinión pública”, una operación de “maquillaje” para contrarrestar su mala imagen en las encuestas, una forma de presentarse finalmente como la Presidenta “firme y honesta” que prometió ser.
Por mi parte, prefiero pensar que estamos ante un cambio en la manera de concebir el ejercicio del poder. Quisiera creer que doña Laura Chinchilla ha abierto los ojos y ha escuchado el clamor popular que pide a gritos un alto a la corrupción. Quisiera imaginar que, de ahora en adelante, la Presidenta le exigirá “responsabilidad política” a todos sus funcionarios, sin distinción de rango, no sólo cuando roben o despilfarren fondos públicos, sino también cuando permitan que otros lo hagan.
Por eso, debemos estar atentos a las futuras actuaciones de la señora Presidenta en casos de este tipo. Será ella quien demostrará si tengo razón en mi apreciación, o si más bien soy un iluso, pues quienes estaban en lo correcto eran los que dudaban de sus buenas intenciones y sinceridad cuando despidió a su Ministro de Transportes.
La ocasión de hacerlo está a la vuelta de la esquina, pues recién estamos conociendo los verdaderos alcances de lo sucedido con la trocha “1856”. Lo que se suponía sería un acto para reafirmar la soberanía nacional, ha terminado siendo causa de enorme humillación y vergüenza para todos los costarricenses.
Hoy, como en 1856, la Patria expectante vuelve sus ojos hacia la Presidencia. Hoy, como en 1856, Costa Rica demanda firmeza y honestidad. Hoy, como en 1856, los costarricenses necesitamos volver a creer y volver a soñar en un futuro distinto, un futuro mejor.
Rodolfo Brenes Vargas
Recientemente, la señora Presidenta de la República destituyó a su Ministro de Obras Públicas y Transportes, por hechos de corrupción en la construcción de la carretera “1856”, en la margen del Río San Juan. Doña Laura Chinchilla consideró necesaria la destitución, no porque el funcionario cometiera personalmente alguna irregularidad, sino porque en su condición de jerarca le cabía “responsabilidad política”.
La decisión merece nuestro aplauso y aprobación. No obstante, también nos genera algunas interrogantes sobre la coherencia de la señora Presidenta. Veamos: al jerarca del MOPT, lo destituyó por hechos que cometieron sus subalternos, pero al jerarca de Hacienda lo mantuvo en el cargo y lo defendió, cuando estaba siendo cuestionado por actos personales y propios. ¿Porqué la diferencia? ¿Qué la justifica?
Si de “responsabilidad política” se trata, pareciera que hay un claro problema de coherencia, pues en ambos casos se imponía la destitución del Ministro.
La actuación de doña Laura Chinchilla puede entonces interpretarse de dos maneras distintas. Para algunos, se trató de una medida de “satisfacción a la opinión pública”, una operación de “maquillaje” para contrarrestar su mala imagen en las encuestas, una forma de presentarse finalmente como la Presidenta “firme y honesta” que prometió ser.
Por mi parte, prefiero pensar que estamos ante un cambio en la manera de concebir el ejercicio del poder. Quisiera creer que doña Laura Chinchilla ha abierto los ojos y ha escuchado el clamor popular que pide a gritos un alto a la corrupción. Quisiera imaginar que, de ahora en adelante, la Presidenta le exigirá “responsabilidad política” a todos sus funcionarios, sin distinción de rango, no sólo cuando roben o despilfarren fondos públicos, sino también cuando permitan que otros lo hagan.
Por eso, debemos estar atentos a las futuras actuaciones de la señora Presidenta en casos de este tipo. Será ella quien demostrará si tengo razón en mi apreciación, o si más bien soy un iluso, pues quienes estaban en lo correcto eran los que dudaban de sus buenas intenciones y sinceridad cuando despidió a su Ministro de Transportes.
La ocasión de hacerlo está a la vuelta de la esquina, pues recién estamos conociendo los verdaderos alcances de lo sucedido con la trocha “1856”. Lo que se suponía sería un acto para reafirmar la soberanía nacional, ha terminado siendo causa de enorme humillación y vergüenza para todos los costarricenses.
Hoy, como en 1856, la Patria expectante vuelve sus ojos hacia la Presidencia. Hoy, como en 1856, Costa Rica demanda firmeza y honestidad. Hoy, como en 1856, los costarricenses necesitamos volver a creer y volver a soñar en un futuro distinto, un futuro mejor.
Rodolfo Brenes Vargas
