La semana pasada, nuestro país y el mundo entero fueron sorprendidos con la difusión de una gran cantidad de información sobre transacciones y relaciones de negocios privados en la hermana República de Panamá. Los ya famosos “PANAMA PAPERS”. Y aquello merece toda nuestra atención; pero bajo un abordaje responsable, trasparente y sobre todo prudente.
La mesura y la objetividad en el manejo de esa información,deben ser premisas básicas para la toma de decisiones de naturaleza investigativa, en los casos concretos que puedan resultar relevantes, si es que los hay, y ya sea en sede administrativa o judicial. Pero en el ámbito legistalivo, en especial, debe imponerse la prudencia meditada y el conocimiento técnico, para que aquellas propuestas de reforma legal que se crean convenientes, no terminen por provocar efectos perversos para la sociedad, introduciendo, sin pretenderlo, debilidades o confusión en nuestro ordenamiento jurídico. De todos es sabido, que la sorpresa y la euforia de algunas coyunturas, no resultan consejeras convenientes en la toma de decisiones. Por el contrario, frente a un entorno como el que nos presenta esa información, se requieren de decisiones sobre la base de estudio, reflexión, y discusiones serias, con mente fría y reposada.
No somos una nación que se caracterice por tomar decisiones trascendentales a la ligera, y sin la debida reflexión. Nuestros legisladores y las autoridades de Gobierno, deben asumir en este tema su papel de cara a la ciudadanía, consientes de la gran responsabilidad que implica el manejo correcto de esa informacióny buscar estructurar la más adecuada reacción en nuestra ley. Cualquier conclusión y reacción, sin el debido estudio,puede resultar prematura y poco responsable.
Frente a esta realidad, hoy más que nunca; los costarricenses esperamos que nuestras instituciones jurídicas terminen fortalezcidas, y que las autoridades públicas y políticasrealicen un profundo análisis de la situación, asumiéndo sus distintas funciones de forma eficiente, evidenciando así, su importante participación en el engranaje de esta gran democracia donde la libertad, y el respeto al derecho, son ejemplo para muchas otras naciones.
Como ciudadano y como abogado, tengo una gran fe en nuestro Estado de Derecho y en sus Instituciones; por lo tanto, estoy convencido de que sin necesidad de lastimar más e injustamente a quien no haya cometido falta, nuestro Sistema, serácapaz de determinar de manera fundada, en qué casos resulte necesario imponer responsabilidades porlas que efectivamente se hubieren cometido; pero por sobre aquello, impulsará reformas legislativas que se estudiarán a profundidad, con la plena conciencia de los efectos queaquellas traerán parael pueblo costarricense y nuestra vida en sociedad. No sacrifiquemos las instituciones por unos “papeles”.
Lic. Eduardo Rojas,Abogado
Miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de CR.
