A ningún costarricense honesto le cabe duda de que Garnier y Liberman faltaron a la ética al recomendar a la firma Procesos del ex ministro Herrero y su esposa para realizar consultorías a RECOPE. A ningún costarricense le cabe duda de que hoy debería de haber una figura nueva a cargo del Ministerio de Educación.
Se destituyó a Oscar Núñez del AyA por acciones que le costaron al país menos de lo que cobró la firma Procesos; también se destituyó a Francisco Jimenez al mejor estilo de la Edad Media, sacrificando al mensajero portador de malas noticias. Sin embargo, Leonardo Garnier y Luis Liberman permanecen en sus puestos.
Si el incumplimiento de los principios éticos de integridad, imparcialidad, rectitud y objetividad no es suficiente para que se tomen las medidas respectivas, tal vez sea el momento de que se apliquen las leyes existentes.
La ley de enriquecimiento ilícito, ley 8422, en su artículo 52 dice que “Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quien (…) influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o (…), para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro.”
Además, la Ley de Contratación Administrativa es contundente en su artículo 24, pues dice que las personas cubiertas por el régimen de prohibiciones no pueden intervenir “ante los funcionarios responsables de las etapas del procedimiento de selección del contratista, ejecución o fiscalización del contrato, a favor propio o de terceros”.
Dura lex, sed lex. “La ley es dura, pero es la ley”. Sólo hay que aplicarla. Es una pena que la señora presidenta rechace el informe de la Procuraduría de la Ética. El doble discurso es evidente. Esperamos que en la Comisión de Control y Gasto Público el próximo jueves –día que comparecerá el Ministro Garnier– se pueda analizar las 33 páginas del Informe de la Procuraduría de la Ética, la ley de Contratación Administrativa y la de Enriquecimiento Ilícito.
La ley es dura, pero es la ley
PATRICIA PÉREZ HEGG
A ningún costarricense honesto le cabe duda de que Garnier y Liberman faltaron a la ética al recomendar a la firma Procesos del ex ministro Herrero y su esposa para realizar consultorías a RECOPE. A ningún costarricense le cabe duda de que hoy debería de haber una figura nueva a cargo del Ministerio de Educación.
Se destituyó a Oscar Núñez del AyA por acciones que le costaron al país menos de lo que cobró la firma Procesos; también se destituyó a Francisco Jimenez al mejor estilo de la Edad Media, sacrificando al mensajero portador de malas noticias. Sin embargo, Leonardo Garnier y Luis Liberman permanecen en sus puestos.
Si el incumplimiento de los principios éticos de integridad, imparcialidad, rectitud y objetividad no es suficiente para que se tomen las medidas respectivas, tal vez sea el momento de que se apliquen las leyes existentes.
La ley de enriquecimiento ilícito, ley 8422, en su artículo 52 dice que “Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quien (…) influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o (…), para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro.”
Además, la Ley de Contratación Administrativa es contundente en su artículo 24, pues dice que las personas cubiertas por el régimen de prohibiciones no pueden intervenir “ante los funcionarios responsables de las etapas del procedimiento de selección del contratista, ejecución o fiscalización del contrato, a favor propio o de terceros”.
Dura lex, sed lex. “La ley es dura, pero es la ley”. Sólo hay que aplicarla. Es una pena que la señora presidenta rechace el informe de la Procuraduría de la Ética. El doble discurso es evidente. Esperamos que en la Comisión de Control y Gasto Público el próximo jueves –día que comparecerá el Ministro Garnier– se pueda analizar las 33 páginas del Informe de la Procuraduría de la Ética, la ley de Contratación Administrativa y la de Enriquecimiento Ilícito.
La ley es dura, pero es la ley
PATRICIA PÉREZ HEGG
