Dado el claro reconocimiento de la importancia que la enseñanza universitaria reviste para el desarrollo económico y social de los pueblos, existe, actualmente, una básica preocupación por el mejoramiento de la calidad en las funciones de docencia e investigación, difusión de la cultura, y extensión de la proyección social de las instituciones de educación superior.
Valga decir, las sociedades enfrentan nuevas circunstancias que exigen instituciones educativas efectivas para los propósitos que la sociedad demanda, eficaces en su gestión y con el nivel de calidad necesario para formar individuos con una educación flexible que los capacite para adaptarse a un mundo socialmente cambiante y competitivo.
Actualmente el entorno está caracterizado por un mercado turbulento, donde los esquemas de competitividad han cambiado la manera de pensar y actuar. Por lo tanto, estos procesos de dinámica global exigen la demanda de profesionales altamente competitivos, multiculturales, interdisciplinarios, críticos, creativos, emprendedores, insatisfechos, motivados, con un gran sentido de iniciativa y con una marcada capacidad para adaptarse a las variaciones constantes del entorno.
En este sentido, es clave comprender que estamos sirviendo a sociedades muy diferentes de las de hace pocos años. Ellas exigen que la educación universitaria se modernice y se transforme en torno a los retos que la época plantea. De ahí que los diversos mecanismos de evaluación del desempeño y la calidad de la enseñanza e investigación; en particular los procesos destinados a la acreditación de programas e instituciones de educación superior, adquieren, cada vez más, una particular relevancia en el contexto de la globalización de las naciones.
Entonces, definitivamente, resulta imperativa una visión renovada de modelos educativos que permitan conciliar una educación de calidad para todos, con clara pertinencia en las distintas realidades socioculturales de los educandos.
En este sentido, la evaluación y la acreditación no representan una moda académica, sino que se están constituyendo en herramientas indispensables de política, planificación y gestión universitaria para verificar la calidad de la educación, garantizar la confiabilidad institucional ante la sociedad, otorgar un reconocimiento social, y sustentar la correspondencia entre la misión, los propósitos y los resultados universitarios.
Por ello es preocupante la información plasmada en un diario nacional de que tan sólo veinticuatro, de mil ochocientos diez carreras impartidas en universidades públicas y privadas del país, poseen un certificado de excelencia; sobre todo, al expresar que el proceso de acreditación no significa ningún estímulo para el graduado pues no conlleva el recibir un mejor salario.
Asociar la excelencia académica con un beneficio económico es, sencillamente, enlodar el sistema educativo universitario. La calidad debe medirse en términos del logro de los objetivos establecidos por cada institución; esto implica el esfuerzo de una comunidad institucional obligada con su entorno social, y un continuo proceso de auto-evaluación que genere graduados comprometidos con la ética profesional más que con fines lucrativos.
La universidad es una entidad en donde su misión, quehacer y sus resultados, deben estar al servicio del desarrollo armónico e integral de la sociedad; por lo cual, debe responderle, y rendirle cuenta, a la comunidad que la sustenta.
Esto implica, necesariamente, la urgencia de enfocar mayores esfuerzos que fomenten la acreditación universitaria como un eficaz medio para garantizar el progreso nacional, y enfrentar los retos del entorno global. Pues como señalara el político mexicano Benito Juárez: “La educación es fundamental para la felicidad social; es el principio en el que descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos”.
Dado el claro reconocimiento de la importancia que la enseñanza universitaria reviste para el desarrollo económico y social de los pueblos, existe, actualmente, una básica preocupación por el mejoramiento de la calidad en las funciones de docencia e investigación, difusión de la cultura, y extensión de la proyección social de las instituciones de educación superior.
Valga decir, las sociedades enfrentan nuevas circunstancias que exigen instituciones educativas efectivas para los propósitos que la sociedad demanda, eficaces en su gestión y con el nivel de calidad necesario para formar individuos con una educación flexible que los capacite para adaptarse a un mundo socialmente cambiante y competitivo.
Actualmente el entorno está caracterizado por un mercado turbulento, donde los esquemas de competitividad han cambiado la manera de pensar y actuar. Por lo tanto, estos procesos de dinámica global exigen la demanda de profesionales altamente competitivos, multiculturales, interdisciplinarios, críticos, creativos, emprendedores, insatisfechos, motivados, con un gran sentido de iniciativa y con una marcada capacidad para adaptarse a las variaciones constantes del entorno.
En este sentido, es clave comprender que estamos sirviendo a sociedades muy diferentes de las de hace pocos años. Ellas exigen que la educación universitaria se modernice y se transforme en torno a los retos que la época plantea. De ahí que los diversos mecanismos de evaluación del desempeño y la calidad de la enseñanza e investigación; en particular los procesos destinados a la acreditación de programas e instituciones de educación superior, adquieren, cada vez más, una particular relevancia en el contexto de la globalización de las naciones.
Entonces, definitivamente, resulta imperativa una visión renovada de modelos educativos que permitan conciliar una educación de calidad para todos, con clara pertinencia en las distintas realidades socioculturales de los educandos.
En este sentido, la evaluación y la acreditación no representan una moda académica, sino que se están constituyendo en herramientas indispensables de política, planificación y gestión universitaria para verificar la calidad de la educación, garantizar la confiabilidad institucional ante la sociedad, otorgar un reconocimiento social, y sustentar la correspondencia entre la misión, los propósitos y los resultados universitarios.
Por ello es preocupante la información plasmada en un diario nacional de que tan sólo veinticuatro, de mil ochocientos diez carreras impartidas en universidades públicas y privadas del país, poseen un certificado de excelencia; sobre todo, al expresar que el proceso de acreditación no significa ningún estímulo para el graduado pues no conlleva el recibir un mejor salario.
Asociar la excelencia académica con un beneficio económico es, sencillamente, enlodar el sistema educativo universitario. La calidad debe medirse en términos del logro de los objetivos establecidos por cada institución; esto implica el esfuerzo de una comunidad institucional obligada con su entorno social, y un continuo proceso de auto-evaluación que genere graduados comprometidos con la ética profesional más que con fines lucrativos.
La universidad es una entidad en donde su misión, quehacer y sus resultados, deben estar al servicio del desarrollo armónico e integral de la sociedad; por lo cual, debe responderle, y rendirle cuenta, a la comunidad que la sustenta.
Esto implica, necesariamente, la urgencia de enfocar mayores esfuerzos que fomenten la acreditación universitaria como un eficaz medio para garantizar el progreso nacional, y enfrentar los retos del entorno global. Pues como señalara el político mexicano Benito Juárez: “La educación es fundamental para la felicidad social; es el principio en el que descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos”.
