En La Nación del pasado, 16 de junio el titular rezaba “Caja pagó más de la cuenta por cesantía durante once años”, no me voy a referir al fondo de esta nota periodística en cuanto así es válida en todos sus alcances o no.
Sin embargo, si la usaré como elemento probatorio del principal problema que sufre esta noble y estratégica institución social de nuestro país. Este mal no es más que de carácter político-administrativo. Este maléfico binomio entre políticos e incapaces administradores, ha venido atestando severos golpes a las finanzas y a la eficacia de los servicios prestados de la Caja.
Para nadie es un secreto que desde se crearon las presidencias ejecutivas, el poder político irrumpió en el seno de las diferentes juntas directivas de la instituciones autónomas, al limitarles su autonomía pues generalmente los presidentes ejecutivos de turno, han atendido más las directrices políticas originadas en Casa Presidencia, que en las oficinas técnicas de sus instituciones autónomas y, por supuesto, que la Caja no ha sido la excepción.
Esa falta de una Administración fundamentalmente técnica, ha derivado, en una muy pobre, por ineficaz e ineficiente, gestión administrativa; lo que indudablemente incide en no solo en la calidad servicios y/o bienes ofrecidos, sino también en la estabilidad financiera y económica de las instituciones administradas de esta forma.
En la Caja, concesiones excesivas para algunos de sus funcionarios, consultorías con altos costos pero con resultados inexistentes, la endémica deuda del sector público, la evasión de sus obligaciones por parte de algunos empresarios privados; son algunos ejemplos de las grandes fuentes de desequilibrio que la noble Caja debe enfrentar.
La disyuntiva que enfrenta la Caja Costarricense del Seguro Social es clara, se impone terminar con la intervención politiquera en su Administración y así contar con gestión administrativa, efectivamente profesional, que aborde y resuelva de manera integral las amenazas, retos y oportunidades que esta institución social, debe resolver y así estar en capacidad de subsistir y, a la vez, brindar servicios de calidad a todos sus asegurados.
En La Nación del pasado, 16 de junio el titular rezaba “Caja pagó más de la cuenta por cesantía durante once años”, no me voy a referir al fondo de esta nota periodística en cuanto así es válida en todos sus alcances o no.
Sin embargo, si la usaré como elemento probatorio del principal problema que sufre esta noble y estratégica institución social de nuestro país. Este mal no es más que de carácter político-administrativo. Este maléfico binomio entre políticos e incapaces administradores, ha venido atestando severos golpes a las finanzas y a la eficacia de los servicios prestados de la Caja.
Para nadie es un secreto que desde se crearon las presidencias ejecutivas, el poder político irrumpió en el seno de las diferentes juntas directivas de la instituciones autónomas, al limitarles su autonomía pues generalmente los presidentes ejecutivos de turno, han atendido más las directrices políticas originadas en Casa Presidencia, que en las oficinas técnicas de sus instituciones autónomas y, por supuesto, que la Caja no ha sido la excepción.
Esa falta de una Administración fundamentalmente técnica, ha derivado, en una muy pobre, por ineficaz e ineficiente, gestión administrativa; lo que indudablemente incide en no solo en la calidad servicios y/o bienes ofrecidos, sino también en la estabilidad financiera y económica de las instituciones administradas de esta forma.
En la Caja, concesiones excesivas para algunos de sus funcionarios, consultorías con altos costos pero con resultados inexistentes, la endémica deuda del sector público, la evasión de sus obligaciones por parte de algunos empresarios privados; son algunos ejemplos de las grandes fuentes de desequilibrio que la noble Caja debe enfrentar.
La disyuntiva que enfrenta la Caja Costarricense del Seguro Social es clara, se impone terminar con la intervención politiquera en su Administración y así contar con gestión administrativa, efectivamente profesional, que aborde y resuelva de manera integral las amenazas, retos y oportunidades que esta institución social, debe resolver y así estar en capacidad de subsistir y, a la vez, brindar servicios de calidad a todos sus asegurados.
