En la época actual, nuestro feudalismo es un tanto distinto: ya no es geográfico, ahora es institucional.Algunosentes públicos de Costa Rica se han venido pervirtiendo en cuanto a su rol funcional, pues mientras la ley dice que existen para el bienestar común, la realidad sentencia que funcionan para los intereses y beneficios desproporcionados de quienes los controlan.Al parecer, en cada entidad del Estado aparece una aristocracia burocrática que instrumentaliza las instituciones para exprimirle jugosos beneficios a su favor, y en menoscabo del bienestar del resto de los funcionarios y la población en general, que son considerados literalmente sus “vasallos”.
En estos días se han hecho denuncias respecto de los excesos salariales de muchos de estos señores feudales. No se trata de que se pague mal la función pública, pero el abuso en que caen estos aristócratas burocráticos no tiene fundamento.Hay unos 270 señores feudales que ganan alrededor de 10 millones de colones cada uno; alrededor de tres veces más de lo que gana un diputado de la República o un ministro de Estado.Pero no sólo son los jugosos salarios desprovistos de toda racionalidad, y los beneficios exagerados que muchos de estos nobles burócratas se recetan, sino que también llevan a las entidades a operar en función de sus intereses personales, en detrimento de la colectividad.
Por ejemplo, mientras los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones se recetan salarios exagerados, hacen todo lo posible para entrampar nuestra democracia: partidos quebrados y colapsados operacionalmente, reglamentos restringentes que limitan de manera desmedida cualquier expresión democrática de la sociedad y gastos millonarios en los medios para que, bromas aparte, la gente “salga a votar”.Y qué decir de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, donde la capa feudal se receta salarios multimillonarios, con base en consultorías también millonarias, mientras los precios de esos servicios no paran de aumentar. O el caso de la Universidad de Costa Rica, donde no solo los salarios exorbitantes de unos pocos riñen con el sentido común, sino que se han denunciado graves abusos hasta de la misma rectoría, que se salen de toda proporcionalidad.
En suma: nuestras instituciones perdieron el norte. Su funcionamiento parece responder más a los intereses creados de sus aristócratas, que a los loables objetivos para las que fueron pensadas. Y lo peor es que entre más se hurga entre sus pliegues, más se encuentran los retorcidos intereses feudales que, por mucho, tienen arrodillado nuestro país en la mediocridad, el abuso, la indolencia y la impunidad.
