Aunque esta finalidad constitucional ha representado una importante protección para los discapacitados dentro de un entorno socio-cultural discriminante; todavía hoy prevalece una considerable distancia entre los preceptos legales y las realidades cotidianas de la gran mayoría de personas con discapacidad.

En todo el mundo, hay más de 600 millones de personas con discapacidad, y una gran  mayoría reside en países en vía de desarrollo.  En este sentido, según estudios realizados por las Naciones Unidas, el 82% de discapacitados viven en la pobreza, excluidos de sus comunidades por políticas de barreras sociales,  ambientales o actitudes inhumanas.

Ello se evidencia en el aún existente limitado acceso al trabajo, al deporte, la educación, la cultura, los medios de transporte, los servicios de salud o al entorno físico y arquitectónico.

Además, si a este hecho le aunamos el prejuicio de cierto sector de la población de que dichas personas son incapaces de adaptarse a su mismo entorno social, los avances generados a favor de los ciudadanos con discapacidad no podrán llegar a ser lo suficientemente profundos para elevar su efectiva potencialidad social, económica, política y cultural.

La integración de las personas discapacitadas, en la vida colectiva, va más allá de su incorporación legal en todos los ámbitos del quehacer humano para aprovechar sus capacidades, conocimientos y su contribución al desarrollo nacional.

Implica, también,  un propósito por evitar la exclusión, resaltar la dignidad personal y promover la no-discriminación, con el fin de que la cooperación, la solidaridad, el respeto y la valoración a la diversidad, sean la base de un orden social más equitativo y justo.

Sin duda, la lucha que las personas con discapacidad vienen desarrollando para lograr la participación e igualdad, se ha convertido en un paradigma de la defensa de la diversidad y la búsqueda de soluciones innovadoras e inclusivas para el futuro de la Humanidad con el fin de afianzar los compromisos en defensa de los derechos de igualdad de todas las personas.

Por ello, ante la realidad de que todavía son muchos los problemas aún no resueltos, y muchas las antiguas necesidades no atendidas, debemos revisar nuestras pautas de sensibilización y conducta con respecto a la discapacidad  para tratar de desterrar aquellos prejuicios y errores, que impiden cumplir con las estrategias adecuadas que garanticen la inclusión de las personas con discapacidad, a nuestro entorno, en igualdad de oportunidades.

En este sentido, nuestra sociedad debe convertirse en conocedora, no sólo de lo que ellos y ellas pueden contribuir si los mayores obstáculos para su inclusión son eliminados, sino, también, de la valiosa contribución que pueden dar estas personas al mundo del trabajo, la ciencia, el arte y, específicamente, en las áreas íntimas de la familia, la amistad y la vida espiritual.

Esta es, por tanto, una cuestión de derechos humanos en la que todos deberíamos enfocar nuestra atención con la mayor brevedad. Porque el progreso, en pos de nuestra calidad humana, no será efectivo si no se ajusta al respeto de los derechos inalienables de la libertad, el bienestar y la dignidad de las personas con discapacidad, en todos los rincones de nuestro país, y del mundo en general.