De entre todos los asuntos de la agenda nacional, sin duda, el combate a la pobreza y, desde luego, a las condiciones estructurales que la hacen posible, es uno de los que tiene que ser acometido con mayor urgencia. Ya se trate de movilizaciones de empleados públicos en demanda de compensaciones económicas, huelgas de trabajadores, enfrentamientos entre la autoridad pública y vecinos de barrios marginales o la proliferación de la violencia intra familiar, todos estos hechos, en sus orígenes e impactos, tienen a la inequidad como un denominador común.
Ahora bien, no se pretende negar que existan otros asuntos en la agenda nacional que requieren, también, de inmediata atención. Sin embargo, ante estudios los cuales confirman que el porcentaje de familias pobres, en nuestro país, ha aumentado, obliga a tomar serias y prontas medidas que busquen un desarrollo económico y social en beneficio de cada uno de los ciudadanos. En este sentido, según el último Informe Estado de la Nación, 600.000 personas reciben menos del salario mínimo, el desempleo abierto creció en 0,3% y el nivel de pobreza y pobreza extrema aumentaron 1 y 3,5 puntos porcentuales, respectivamente.
Aunado a esto, la señora Isabel Román, investigadora del Estado de la Nación, señaló que “durante los últimos 20 años no se ha logrado armar una política de combate a la pobreza aunque existen bastantes programas para atender a la población con mayores necesidades, por lo que urge colocarlos en una sola vía para potenciar los recursos con los que se cuentan, y que se conviertan en objetivos que trasciendan las administraciones”.
De ahí el imperativo de que todos los actores sociales, políticos, autoridades gubernamentales, dirigentes empresariales, líderes sindicales, o académicos, alcancen un sólido consenso de qué necesita realmente Costa Rica para superar los índices de desigualdad e injusticia que separan y marginan a las personas. Pero también es necesario puntualizar que el reto no es sólo combatir la pobreza y la marginalización, sino que la desigualdad que empuja a la insatisfacción de la sociedad y amenaza con corroer los cimientos del orden, obliga a asumir una perspectiva más integral de los rezagos y las carencias de la población.
Pues la ausencia de coordinación en la ejecución de programas impide enfrentar la pobreza de manera integral y en sus causas, ya que, muchas veces, se atienden las necesidades de forma separada lo cual no facilitan las condiciones de promoción humana tendientes a generar un bienestar sostenible; es decir, en nuestro país los pobres perciben soluciones parciales y separadas de un conjunto institucional con inopia de coordinación.
Por lo tanto, en una gestión pública sustentada en valores éticos, en un renovado sistema educativo, en una gobernabilidad democrática, en políticas económicas más eficaces que conquisten un mayor desarrollo social y un crecimiento con equidad para todos, descansa, en gran medida, la cuestión central de reducir, significativamente, ese cáncer insidioso de la pobreza con el fin de restaurar nuestro tejido social.
Por eso, desde cualquier perspectiva que se mire, el trabajo del gobierno es conseguir que la población pueda disfrutar de mejores condiciones de vida. Ojalá el actual Gobierno logre cumplir lo que tantas veces nos ha señalado de apuntar por una nación equitativa, solidaria y próspera, con un desarrollo sostenible y potenciada por la retroalimentación de logros económicos, sociales, ambientales y políticos; ojalá que sea firme en su compromiso por la continuidad de los esfuerzos para combatir, desde diversos frentes, la pobreza y la exclusión, porque no se debe olvidar que un país no sucumbe más ante la pobreza que cuando mancilla los derechos y la dignidad de sus habitantes. Ya lo dijo el filósofo chino Confucio “en donde no hay justicia, persiste más la pobreza”.
De entre todos los asuntos de la agenda nacional, sin duda, el combate a la pobreza y, desde luego, a las condiciones estructurales que la hacen posible, es uno de los que tiene que ser acometido con mayor urgencia. Ya se trate de movilizaciones de empleados públicos en demanda de compensaciones económicas, huelgas de trabajadores, enfrentamientos entre la autoridad pública y vecinos de barrios marginales o la proliferación de la violencia intra familiar, todos estos hechos, en sus orígenes e impactos, tienen a la inequidad como un denominador común.
Ahora bien, no se pretende negar que existan otros asuntos en la agenda nacional que requieren, también, de inmediata atención. Sin embargo, ante estudios los cuales confirman que el porcentaje de familias pobres, en nuestro país, ha aumentado, obliga a tomar serias y prontas medidas que busquen un desarrollo económico y social en beneficio de cada uno de los ciudadanos. En este sentido, según el último Informe Estado de la Nación, 600.000 personas reciben menos del salario mínimo, el desempleo abierto creció en 0,3% y el nivel de pobreza y pobreza extrema aumentaron 1 y 3,5 puntos porcentuales, respectivamente.
Aunado a esto, la señora Isabel Román, investigadora del Estado de la Nación, señaló que “durante los últimos 20 años no se ha logrado armar una política de combate a la pobreza aunque existen bastantes programas para atender a la población con mayores necesidades, por lo que urge colocarlos en una sola vía para potenciar los recursos con los que se cuentan, y que se conviertan en objetivos que trasciendan las administraciones”.
De ahí el imperativo de que todos los actores sociales, políticos, autoridades gubernamentales, dirigentes empresariales, líderes sindicales, o académicos, alcancen un sólido consenso de qué necesita realmente Costa Rica para superar los índices de desigualdad e injusticia que separan y marginan a las personas. Pero también es necesario puntualizar que el reto no es sólo combatir la pobreza y la marginalización, sino que la desigualdad que empuja a la insatisfacción de la sociedad y amenaza con corroer los cimientos del orden, obliga a asumir una perspectiva más integral de los rezagos y las carencias de la población.
Pues la ausencia de coordinación en la ejecución de programas impide enfrentar la pobreza de manera integral y en sus causas, ya que, muchas veces, se atienden las necesidades de forma separada lo cual no facilitan las condiciones de promoción humana tendientes a generar un bienestar sostenible; es decir, en nuestro país los pobres perciben soluciones parciales y separadas de un conjunto institucional con inopia de coordinación.
Por lo tanto, en una gestión pública sustentada en valores éticos, en un renovado sistema educativo, en una gobernabilidad democrática, en políticas económicas más eficaces que conquisten un mayor desarrollo social y un crecimiento con equidad para todos, descansa, en gran medida, la cuestión central de reducir, significativamente, ese cáncer insidioso de la pobreza con el fin de restaurar nuestro tejido social.
Por eso, desde cualquier perspectiva que se mire, el trabajo del gobierno es conseguir que la población pueda disfrutar de mejores condiciones de vida. Ojalá el actual Gobierno logre cumplir lo que tantas veces nos ha señalado de apuntar por una nación equitativa, solidaria y próspera, con un desarrollo sostenible y potenciada por la retroalimentación de logros económicos, sociales, ambientales y políticos; ojalá que sea firme en su compromiso por la continuidad de los esfuerzos para combatir, desde diversos frentes, la pobreza y la exclusión, porque no se debe olvidar que un país no sucumbe más ante la pobreza que cuando mancilla los derechos y la dignidad de sus habitantes. Ya lo dijo el filósofo chino Confucio “en donde no hay justicia, persiste más la pobreza”.
