Con qué frecuencia levantan el dedo los cronistas y los llamados formadores de opinión para señalar a gobernantes latinoamericanos que vacían de contenido a las instituciones democráticas, hasta convertirlas en fachadas que mal ocultan sus designios totalitarios.
Cuántas veces no se estigmatiza la existencia de policías, jueces, procuradores, magistrados electorales y otros funcionarios en elextranjero, que nacen, viven y hasta mueren plegadosa los deseos de autócratas, hoy llamados “populistas”, antes llamados dictadores.
El gran “logropopulista” es subvertir la institucionalidad para asegurar la perpetuidad del moderno dictador en el podery hacer prevalecer su voluntad, aún en contra de los principios de la democracia, de la justicia y del espíritu de las leyes.
La estrategia ha sido clara y tantas veces repetida. Se deshacen de funcionarios independientes y probos y los sustituyen con incondicionales y corruptos. Así de simple.
En Costa Rica acabamos de presenciar el primer intento por parte del gobierno Solís Rivera, de deshacerse de una funcionaria independiente por ley, cuyos criterios técnicos han contrariado al Poder Ejecutivo. A la Procuradora General de la República, se le ofreció una puerta de oro, para que saliera hacia una embajada de su preferencia, dejando su puesto para que el gobierno lo llenara con alguno de los suyos.
Hoy es necesario “mirarnos la propia joroba”. Con Costa Rica, no se juega y la responsabilidad política del exabrupto no termina con la salida del mensajero, el Viceministro de la Presidencia.
Nadie en su sano juicio, acepta la versión oficial según la cual el Viceministro fue por propia iniciativa, sin instrucciones de alguien, a ofrecer una embajada a la señora Procuradora. Nadie con alguna inteligencia, puede aceptar ese pueril razonamiento.
Lo cierto, lo único cierto, es que el gobierno ha intentado anular uno de los controles en que se funda la democracia para garantizar el Estado de Derecho.
La versión oficial insulta la inteligencia y rehúye la responsabilidad política del ataque al Estado de Derecho y a la democracia. Si el gobierno elige presentar la renuncia del Viceministro como único desagravio a la ciudadanía, se habrá equivocado otra vez.
Ese es el peor error político del gobierno Solís Rivera hasta el día de hoy. Uno que muestra una intención oculta en los ropajes del poder, al que los ciudadanos deben prestar extrema atención.

*Jorge Urbina Ortega, abogado, ha sido Ministro, Viceministro, Embajador de Costa Rica, Presidente Ejecutivo y consultor de agencias de cooperación internacional. También, ha impartido cursos en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional.