Aterricemos este concepto un poco más con un ejemplo práctico el cual ha causado bastante revuelo y con sobrada razón: La tensión intencional de las relaciones diplomáticas entre países amigos que el gobierno pretende justificar a toda costa.
La ley 9288 es muy clara cuando establece en el primer párrafo de su segundo artículo la neutralidad que debe de ejercer Costa Rica en sus relaciones con el resto de los países del orbe. Dice textualmente la ley en asunto:
“La paz es un derecho humano fundamental. El Estado promoverá, defenderá y garantizará la paz por todos los medios posibles y mediante la aplicación de la neutralidad activa entre Estados e internamente en los países, según lo que dispongan los tratados internacionales, sus principios y propósitos y la ley.”
De otra parte, la Ley General de la Administración Pública determina con total claridad, que de haber un conflicto de intereses entre la Administración y el interés público, este último prevalece sobre aquellos de la Administración, es decir, si el gobierno tiene una agenda ideológica de entrometerse en los asuntos internos de otros países pero esa intromisión se contrapone al interés público de los costarricenses de que Costa Rica sea neutral, el gobierno no puede inmiscuirse en casa ajena, porque en casa propia los habitantes hemos dicho por medio del legislador que no queremos meternos a donde nadie nos llamó.
No se vale llamar delincuentes a los diputados valientes quienes han puesto en conocimiento del público las intenciones perversas de ciertos miembros del gobierno que buscan por todos los medios tensar las relaciones con un país amigo como lo es Brasil.
La ley 9288, la cual atañe a la neutralidad de Costa Rica, es tajante y conteste en ordenar la aplicación de la neutralidad activa a seguir por el Estado, y por Estado entiéndase también la Administración Pública y el Poder Ejecutivo, al cual en ningún momento se le ha dado luz verde para ridiculizarnos a nivel internacional, mucho menos para anteponer ideologías minoritarias las cuales no representan el sentir de la mayoría de los costarricenses.
En ningún momento la facultad discrecional de la Administración implica complacencia para que los funcionarios públicos hagan lo que les venga en gana, pues de lo contrario abriríamos la puerta para la entrada de un caballo de Troya repleto de abusos y altanerías, dando así el primer paso hacia el totalitarismo similar al de las dictaduras bolivarianas.