En el caso de bebidas destiladas, como whisky, ron y vodka, seis de cada diez botellas que se consumen en Costa Rica son de contrabando, o sea, que la minoría es mercado legal. Somos campeones en contrabando en todo el continente. La mayoría de lo que es el mercado en bebidas alcohólicas es de contrabando. Hay tres problemas con eso: el primero, la defraudación al fisco, que es muy significativa y es dinero con el que se podrían hacer muchas obras públicas; número dos, problemas de salud porque en el caso de bebidas alcohólicas no solo hay contrabando del producto que está en óptimas condiciones, sino también que puede haber adulteración del producto (hay países en los que realmente ha habido un montón de muertes, casos de ceguera, porque se usa alcohol industrial, metanol, en lugar de etanol que es el que se puede consumir por los seres humanos), y en tercer lugar, el contrabando de bebidas alcohólicas o de cigarrillos está asociado con otras cosas. Los contrabandistas diversifican sus mercados y entonces están en tráfico de drogas. Eso genera un ambiente de inseguridad. No sólo está el tema de la defraudación al fisco, sino el tema de la salud, la seguridad ciudadana y de seguridad pública. El problema es que el costarricense está acostumbrado: hay licencia social para el contrabando en Costa Rica. La gente casi que se siente feliz cuando va y trae un whisky de Panamá sin pagar impuestos. La gente dice, “ay, qué campeón que soy, traje producto de afuera y no pagué los impuestos”. En realidad, no se da cuenta de lo que significa, de lo que está alimentando, generando los mercados ilegales en el país y favoreciendo los efectos dañinos que puede tener para nuestra sociedad.
Hay una razón clarísima: las diferencias de impuestos entre Panamá y Costa Rica. En el caso del alcohol, en Costa Rica pagamos ochenta dólares por hectolitro de alcohol, y en el caso de Panamá son veintitrés dólares, o sea, son cuatro veces más los impuestos en Costa Rica. Entonces, el incentivo es tremendo. Necesitamos más regulación en frontera y muchas otras cosas, pero sin duda alguna más aplicación de las leyes que ya existen. Se hizo, por ejemplo, una ley para tener un un registro de importadores y productores de bebidas alcohólicas, y los únicos que quedamos en el colador, atrapados con mayor regulación, son los legales, porque a los ilegales no les importa. Se hizo un cambio en la Ley de Contrabandos donde se penaliza ahora desde los cincuenta mil dólares en lugar de penalizar desde los cinco mil dólares, que era lo que se penalizaba antes. Un contenedor completo de cerveza cuesta veinte mil dólares. Entonces pueden entrar dos contenedores completos y ni así llegan al tope. Hay que detener este flagelo de la sociedad costarricense.