Con honda preocupación, gran sector de la sociedad costarricense ha recibido esta noticia; los dimes y diretes o chismes políticos de pasillo no interesan, sino únicamente un resultado que por ahora es desalentador para decenas de funcionarios que desde las diferentes Direcciones Regionales del PANI, laboran con enorme mística y vocación.
Recordemos que el gasto público social dirigido hacia la niñez, bajo ninguna circunstancia debe ser visto o analizado como un gasto del Estado. El invertir para que tengan una vida plena, saludable, segura y feliz es un compromiso asumido por Costa Rica al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento que expresamente señala la obligación estatal de asignar el máximo de los recursos disponibles para que se realicen los derechos de todos los niños y niñas, sin excepción.
Resulta oportuno indicar que el Consejo de Derechos Humanos ha enfatizado en la responsabilidad primordial que tienen los Estados de respetar y hacer efectivos todos los derechos humanos, incluidos los derechos del niño, siendo que esa responsabilidad se extiende a todos los poderes del Estado.
Contrario a este llamado internacional de velar porque el presupuesto nacional se conciba como un instrumento que garantice los objetivos de prevención, promoción y protección esperados, la infancia es relegada y el actuar legislativo revela el grado de prioridad que se le otorga a nuestra niñez.
Nuestra sociedad se encuentra en franca transformación y con ello las situaciones y necesidades relacionadas con la niñez y adolescencia se han tornado cada vez más complejas. Ante esto, la presencia institucional debe ser mayor, no limitarse a la fase atencional – sin que ello signifique su debilitamiento- sino sumar esfuerzos para el trabajo y desarrollo de programas orientados a la prevención y promoción de sus derechos.
El actuar legislativo le da la espalda a esta realidad y se encauza en la corriente que desconoce a las personas menores de edad como individuos en pleno desarrollo, con necesidades actuales. Peor aún, se denotan ciertos resabios de una visión estrictamente asistencialista y compasiva de la niñez -que creímos se había superado tras la ratificación de la Convención y aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia.
Invertir en la infancia y la adolescencia tiene una importancia estratégica para el desarrollo presente y futuro de Costa Rica. El presupuesto tiene un papel trascendental para alcanzar cada una de estas metas.
Señores y Señoras Diputados, el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia no puede estar disociado de los medios materiales que los hacen realidad. ¡Su futuro es hoy!
