Cuando uno ve casos como el de Hospira, Baxter, St. Jude Medical, Western Union, uno siente un gran orgullo por Costa Rica, por su sistema educativo, por no tener ejército, por no tener una dictadura desde 1919, por haber combatido un proyecto esclavista en América Central en 1856 y 1857, por haber decidido que la educación fuera gratuita y obligatoria en 1860, por dedicar a instituciones como el Instituto Tecnológico de Costa Rica y el INA lo que otros países dedican al ejército, por nuestro sistema solidario de salud, por la neutralidad perpetua del presidente Monge, por el Premio Nobel de 1987, y también por este gran invento de Costa Rica que es el solidarismo, que busca que los trabajadores surjan a partir del ahorro y de nuestra tesis de que hay que eliminar la lucha de clases, que la empresa donde uno trabaja es una bendición para cada quien y para su familia.
El Movimiento Solidarista ha hecho múltiples llamados de lucha porque este proyecto de grabar a las empresas en zonas francas atenta contra la seguridad jurídica y lanza un pésimo mensaje al mundo. Le dice al mundo, “no crean en Costa Rica, ahí les cambian las reglas del juego, les cambian la mula a la mitad del río”.
El que un partido político traicione a la clase trabajadora, a quienes se ganan los frijoles en 250 empresas en zonas francas es algo muy doloroso. Yo soy de campo. Mi papá es de San Rafael de Poás de Alajuela y la gente de su pueblo trabaja en Borkar, la empresa de un estadounidense. Mi mamá es de Cervantes de Alvarado y la gente de su pueblo trabaja principalmente en Plycem, en Paraíso, y en Rawling, en Turrialba.
Yo crecí en Pérez Zeledón donde no hay zonas francas. La mitad de mis compañeros de la escuela viven en Estados Unidos. La zona los expulsó por falta de empleo.
Mi adolescencia transcurrió en la comunidad de Los Diamantes, cerca de Guápiles, donde la mayor parte de la gente trabaja en la planta de Demasa, una empresa de capital mexicano, y en Mundimar, de Chiquita, una planta en zona franca.
Este proyecto de ponerle impuestos a las zonas francas nos duele por Grecia, donde están Panduit y Cartex; nos duele por San Carlos, donde Ticofrut ha generado una gran diferencia para las comunidades de Aguas Zarcas, Altamira, Cerro Cortez y Pital; nos duele por Tilarán y Puntarenas.
La única salida que le veo a este problema suscitado por el PAC es que le demos a esta lucha un rostro humano y que hagamos presión en la calle, frente a la Plaza de la Democracia, frente a la Asamblea Legislativa, frente a la casa de los diputados de Heredia y Alajuela, las dos provincias donde están el ochenta por ciento de las zonas francas, y frente a la casa de don Ottón Solís.
El solidarismo defiende valores de justicia social. No defendemos las huelgas ni los paros. Pero si tuviéramos que resumir al solidarismo en una frase, esa es “defensa del trabajo” y lo que estamos haciendo aquí, en la Asamblea Legislativa, ustedes y yo, es defendiendo el trabajo de 50 mil solidaristas y 58 mil trabajadores de Costa Rica. Nos corresponde ahora defender con vehemencia y pasión el bendito derecho a conservar nuestro trabajo.
Cuando uno ve casos como el de Hospira, Baxter, St. Jude Medical, Western Union, uno siente un gran orgullo por Costa Rica, por su sistema educativo, por no tener ejército, por no tener una dictadura desde 1919, por haber combatido un proyecto esclavista en América Central en 1856 y 1857, por haber decidido que la educación fuera gratuita y obligatoria en 1860, por dedicar a instituciones como el Instituto Tecnológico de Costa Rica y el INA lo que otros países dedican al ejército, por nuestro sistema solidario de salud, por la neutralidad perpetua del presidente Monge, por el Premio Nobel de 1987, y también por este gran invento de Costa Rica que es el solidarismo, que busca que los trabajadores surjan a partir del ahorro y de nuestra tesis de que hay que eliminar la lucha de clases, que la empresa donde uno trabaja es una bendición para cada quien y para su familia.
El Movimiento Solidarista ha hecho múltiples llamados de lucha porque este proyecto de grabar a las empresas en zonas francas atenta contra la seguridad jurídica y lanza un pésimo mensaje al mundo. Le dice al mundo, “no crean en Costa Rica, ahí les cambian las reglas del juego, les cambian la mula a la mitad del río”.
El que un partido político traicione a la clase trabajadora, a quienes se ganan los frijoles en 250 empresas en zonas francas es algo muy doloroso. Yo soy de campo. Mi papá es de San Rafael de Poás de Alajuela y la gente de su pueblo trabaja en Borkar, la empresa de un estadounidense. Mi mamá es de Cervantes de Alvarado y la gente de su pueblo trabaja principalmente en Plycem, en Paraíso, y en Rawling, en Turrialba.
Yo crecí en Pérez Zeledón donde no hay zonas francas. La mitad de mis compañeros de la escuela viven en Estados Unidos. La zona los expulsó por falta de empleo.
Mi adolescencia transcurrió en la comunidad de Los Diamantes, cerca de Guápiles, donde la mayor parte de la gente trabaja en la planta de Demasa, una empresa de capital mexicano, y en Mundimar, de Chiquita, una planta en zona franca.
Este proyecto de ponerle impuestos a las zonas francas nos duele por Grecia, donde están Panduit y Cartex; nos duele por San Carlos, donde Ticofrut ha generado una gran diferencia para las comunidades de Aguas Zarcas, Altamira, Cerro Cortez y Pital; nos duele por Tilarán y Puntarenas.
La única salida que le veo a este problema suscitado por el PAC es que le demos a esta lucha un rostro humano y que hagamos presión en la calle, frente a la Plaza de la Democracia, frente a la Asamblea Legislativa, frente a la casa de los diputados de Heredia y Alajuela, las dos provincias donde están el ochenta por ciento de las zonas francas, y frente a la casa de don Ottón Solís.
El solidarismo defiende valores de justicia social. No defendemos las huelgas ni los paros. Pero si tuviéramos que resumir al solidarismo en una frase, esa es “defensa del trabajo” y lo que estamos haciendo aquí, en la Asamblea Legislativa, ustedes y yo, es defendiendo el trabajo de 50 mil solidaristas y 58 mil trabajadores de Costa Rica. Nos corresponde ahora defender con vehemencia y pasión el bendito derecho a conservar nuestro trabajo.
