Dra. Érika Hernández Sandoval. Presidenta Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
La seguridad ciudadana primero se construye y después se practica; es decir, la seguridad ciudadana no parte de una idea aislada a un problema concreto, de una iluminación o de un iluminado. Más bien, existe un cúmulo de factores que combinados entre sí, nos darán el inicio del camino, en esta construcción. Las políticas sociales y públicas, asumidas por el Estado, como un compromiso para los menos favorecidos del conglomerado social, permitirán dicho inicio. Así, es claro que un país comprometido en la lucha contra la pobreza de sus habitantes, a través de un adecuado reparto de la riqueza, con políticas públicas bien definidas a largo plazo y aplicadas de manera sistemática, preparará los cimientos para la construcción de la seguridad ciudadana. Políticas sistemáticas y continuas con proyección hacia el futuro, deben anteponerse a esos remedios inmediatos a corto plazo, que sólo pueden maquillar el problema o hacer más parches en el camino. Es claro, la pobreza es el principal insumo de la delincuencia, con ello de la inseguridad. Requerimos un camino limpio, un camino seguro. Ahora bien, una vez que empezamos andar, requerimos los instrumentos, el medio por el cual podamos seguir construyendo y protegiendo dicho camino. No existe un verdadero plan en la improvisación, de ahí la importancia de que las reglas sean expresas; es así como la formación de las leyes dará el norte y protegerá el rumbo. Aquí, no sólo es importante, que las políticas públicas queden debidamente establecidas, aseguradas, sino que se dicte una correcta política criminal. Aunque los pasos son claros a seguir, al parecer hemos querido construir una seguridad ciudadana empezando por este segundo paso. Es decir, nos hemos enfrascado en la creación de leyes penales y procesales penales, para combatir lo que ya, de por sí, se ha generado con la ausencia de adecuadas políticas sociales y públicas (primer paso). A partir de aquí, de esta construcción errónea, queremos resolver un problema, sin encontrar la solución. La ecuación ciminológica es sencilla: mayor pobreza = mayor delincuencia. Como un tercer paso, debemos contar con una correcta aplicación de esta normativa. Así, de nada serviría la construcción de leyes penales, que garantizan finalmente la protección del camino, si su aplicación no es correcta, efectiva y eficaz. Aquí entra en juego la aplicación de la justicia, que es a la larga, lo que todos nos imaginaríamos, erróneamente, como la solución absoluta del problema. Ningún factor aplicado de manera aislada solucionará el problema, ninguno será en todo completo; de tal forma, un factor pese a ser aplicado de manera continua, sistemática, aislado de los otros factores, nunca será eficaz. Cada uno de los factores mencionados debe funcionar adecuadamente y correlacionarse entre sí, para garantizar el sistema. Toda esta temática, que ha desbordado ríos de tinta y píxeles, debemos enfrentarla con una posición seria, atendiendo a las diversos puntos de vista, no sólo de nuestros juristas, sino de la sociedad misma y es una responsabilidad de todos y todas.
Dra. Érika Hernández Sandoval. Presidenta Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
La seguridad ciudadana primero se construye y después se practica; es decir, la seguridad ciudadana no parte de una idea aislada a un problema concreto, de una iluminación o de un iluminado. Más bien, existe un cúmulo de factores que combinados entre sí, nos darán el inicio del camino, en esta construcción.
Las políticas sociales y públicas, asumidas por el Estado, como un compromiso para los menos favorecidos del conglomerado social, permitirán dicho inicio. Así, es claro que un país comprometido en la lucha contra la pobreza de sus habitantes, a través de un adecuado reparto de la riqueza, con políticas públicas bien definidas a largo plazo y aplicadas de manera sistemática, preparará los cimientos para la construcción de la seguridad ciudadana. Políticas sistemáticas y continuas con proyección hacia el futuro, deben anteponerse a esos remedios inmediatos a corto plazo, que sólo pueden maquillar el problema o hacer más parches en el camino.
Es claro, la pobreza es el principal insumo de la delincuencia, con ello de la inseguridad. Requerimos un camino limpio, un camino seguro. Ahora bien, una vez que empezamos andar, requerimos los instrumentos, el medio por el cual podamos seguir construyendo y protegiendo dicho camino.
No existe un verdadero plan en la improvisación, de ahí la importancia de que las reglas sean expresas; es así como la formación de las leyes dará el norte y protegerá el rumbo. Aquí, no sólo es importante, que las políticas públicas queden debidamente establecidas, aseguradas, sino que se dicte una correcta política criminal. Aunque los pasos son claros a seguir, al parecer hemos querido construir una seguridad ciudadana empezando por este segundo paso. Es decir, nos hemos enfrascado en la creación de leyes penales y procesales penales, para combatir lo que ya, de por sí, se ha generado con la ausencia de adecuadas políticas sociales y públicas (primer paso). A partir de aquí, de esta construcción errónea, queremos resolver un problema, sin encontrar la solución.
La ecuación ciminológica es sencilla: mayor pobreza = mayor delincuencia. Como un tercer paso, debemos contar con una correcta aplicación de esta normativa. Así, de nada serviría la construcción de leyes penales, que garantizan finalmente la protección del camino, si su aplicación no es correcta, efectiva y eficaz. Aquí entra en juego la aplicación de la justicia, que es a la larga, lo que todos nos imaginaríamos, erróneamente, como la solución absoluta del problema.
Ningún factor aplicado de manera aislada solucionará el problema, ninguno será en todo completo; de tal forma, un factor pese a ser aplicado de manera continua, sistemática, aislado de los otros factores, nunca será eficaz. Cada uno de los factores mencionados debe funcionar adecuadamente y correlacionarse entre sí, para garantizar el sistema. Toda esta temática, que ha desbordado ríos de tinta y píxeles, debemos enfrentarla con una posición seria, atendiendo a las diversos puntos de vista, no sólo de nuestros juristas, sino de la sociedad misma y es una responsabilidad de todos y todas.
