1.- El pleno reconocimiento y respeto de CANARA y todos sus asociados, a los pronunciamientos que emiten los Tribunales de nuestro país.

2.- Su inquebrantable defensa al derecho de todos los costarricenses de no ver amenazado, vulnerado, ni limitado el derecho de recibir las señales que emiten en forma abierta, libre y gratuita, los medios de comunicación de Costa Rica, cuya recepción no requiere el pago de una suscripción, ni el reconocimiento de ningún tipo de ventaja de naturaleza económica.

3.- El Embargo preventivo es una diligencia usual y legítima que pretende garantizar, con su imposición sobre bienes del demandado, el cumplimiento efectivo del resultado final de un proceso inconcluso. En ese tanto, reconocemos el ejercicio por parte de los interesados de todos los instrumentos legalmente dispuestos por nuestra ley, en tanto aquellas medidas se sujeten en forma estricta a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad que la misma ley impone observar, y siempre que no quieran ser mal utilizadas como instrumento expresamente dirigido al secuestro de los instrumentos indispensables para el desarrollo normal de una actividad de interés público, sometida a controles y obligaciones con el Estado costarricense, tal y como ocurriría con el cierre por consecuencia técnica de las transmisiones de un medio de comunicación.

4.- Por tratarse de un asunto de interés público que afecta el funcionamiento del sector que CANARA representa en Costa Rica (radio y televisión abiertas y de acceso gratuito), y en resguardo de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos que a través de nuestros medios se ejercen con libertad y sin censura, los cuales no pueden ni deben ser puestos en peligro con ocasión de pretensiones económicas no reconocidas, nos solidarizamos con la radioemisora afectada, y respetuosamente abogamos por una solución pronta y razonable que no ponga en peligro su funcionamiento normal.

Por tanto, nos comprometemos a realizar las gestiones correspondientes para procurar que las partes puedan arribar a un entendimiento adecuado en el marco de la legalidad y de respeto a las decisiones judiciales, que garanticen la no afectación de los derechos de los ciudadanos.

Gustavo Piedra Guzmán
Presidente - CANARA