En el Caribe Costarricense los desaciertos inician el 4 de mayo del año 2011, cuando la Corte rechaza un turbio alegato de nuestro país que pretendía ser considerado “tercera parte en el litigio”, encaminado a salvar nuestra integridad territorial. Allí prevalecieron las tesis legales de la estelar representación nica, a lo cual se añadieron los errores de nuestra representación diplomática. Entre ellos:
• Al comparar el mapa oficial del Instituto Geográfico Nacional y aquel sometido a consideración de la Corte, encontramos que al trazar nosotros un límite marino generoso con Nicaragua, le entregamos –sin razón alguna-, 1870km2 de territorio nacional.
• Por otro lado, si bien nos alegramos de que por primera vez intentamos recuperar el área entregada a Colombia en el ingrato acuerdo preliminar de 1977, que por antigüedad se volvió ley entre partes; ahora pretendimos aumentar el territorio en más de 24.000Km2. No obstante, cometimos el pecado de llevar nuestro confín a 260 millas náuticas de la costa de Limón, en vez de solo 200 millas como lo faculta nuestra propia Constitución Política y la Ley de los Mares. De ahí que nuestra gestión solo hizo el ridículo.
• Y para rematar nuestras equivocaciones, se colocó bajo incertidumbre jurídica de la Corte, sin razón alguna, un área de 1.000 km2 más tica que el gallo pinto, que nunca ha estado en discusión a nivel internacional.
Y para seguir aprendiendo de este fallo histórico en la región caribeña, es notorio referir que Nicaragua se dio el lujo de presentar nueve juristas de estatura internacional incontrovertida, donde se hallan directores y fundadores de institutos jurídicos europeos especializados en derecho del mar en París, Madrid, La Haya y Washington; mientras que Colombia lo hizo con un panel reducido en calidad profesional; razón de fondo para que este país perdiera el litigio ante la mejor experiencia y argumentación jurídica de sus opositores, con las nefastas consecuencias que han llenado las primeras páginas de los diarios en los últimos días.
Y si por la víspera se saca el día, podríamos suponer que nosotros correremos la misma suerte en el litigio sobre “Isla Calero”, pues hemos de recordar que luchamos en estas lides en peores condiciones que Colombia, con tan solo un 10% de las fuerzas jurídicas que utiliza Nicaragua.
Ante tal cúmulo de errores, la Asamblea Legislativa debe de inmediato cumplir con el artículo séptimo constitucional y dictar las directrices en esta materia. El país no confía en las tradicionales acciones del Poder Ejecutivo, que han demostrado ser incapaces de defender nuestros intereses soberanos.
Guillermo Quirós Álvarez. Oceanógrafo y Abogado
