Desde inicios de mi gestión como Ministro de Seguridad Pública he venido trabajando en una propuesta que comprende tanto acciones preventivas como represivas del delito, pues se trata no solo de afrontar las consecuencias del crimen organizado que actualmente estamos sufriendo, sino también de asumir acciones que nos permitan evitar en un futuro situaciones como las que estamos enfrentando.

Relación directa entre homicidios y crimen organizado

Y es que las cifras de homicidios nos muestran como hasta el 9 de octubre del 2015 llevamos lamentablemente 426 homicidios dolosos. Quiero entrar a ahondar en las causas o móviles, donde dicho análisis está efectuado de momento hasta el mes de agosto del 2015; hasta esa fecha llevábamos 370 homicidios y se refleja que la causa mayoritaria de ello son los ajustes de cuentas o venganza con un total de 145 homicidios; aunado a ello hay 57 homicidios por causas no determinadas que, a nuestro criterio policial, entran dentro del crimen organizado, pues esos casos obedecen a aquellos cuerpos que aparecen abandonados en lotes baldíos con disparos u otra herida de arma.

De esos 370 homicidios con causa determinada que teníamos hasta agosto de este año; 202 obedecieron a crimen organizado, o sea, el 55% de los homicidios obedece a este tipo de criminalidad. Las otras causas son riñas (92), violencia intrafamiliar (42) y por la comisión de delitos comunes, como lo son robos, 10 homicidios.

Estas cifras demuestran que la causa que nos ocupa en cuanto al tema de homicidios es el crimen organizado, razón por la que es necesaria una unidad enfocada exclusivamente en el crimen organizado desde la investigación que efectúa el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En el 2014 cerramos con 477 homicidios para una tasa anual de 10 por cada 100 mil habitantes y hasta el 9 de octubre del 2015 llevamos 426 homicidios para una tasa parcial de 8.84 homicidios por cada 100 mil habitantes; por lo que la tarea que nos resta este año es ardua y no debemos cesar trabajando interinstitucionalmente, una tarea que no está perdida.

Insistencia ante las autoridades judiciales

Esa es la realidad que me ha movido a reunirme, en reiteradas ocasiones, con autoridades del Poder Judicial, a quienes les he comunicado mis planteamientos. Desde hace ya ocho meses manifesté la necesidad de que en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) exista la Unidad de Articulación entre el Poder Judicial y los Cuerpos de Policía contra la Delincuencia Organizada, la cual operaría desde el seno mismo de la Policía Judicial como ente encargado de la investigación. Incluso, este fin de semana contacté de nuevo a las autoridades y reafirmé la necesidad de crear dicha unidad.

El pasado 11 de agosto me reuní con la señora Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doña Zarella Villanueva, a quien le presenté formalmente la creación de esta unidad, cuya principal misión será definir, articular y formalizar políticas nacionales integrales para el abordaje de la problemática de la delincuencia organizada, desde una perspectiva de Seguridad Nacional.

Esta iniciativa contempla la creación de un equipo conformado por cuerpos policiales, fiscales y jueces, con el fin de buscarle una solución más integral a la problemática que representan para el país el crimen organizado y los homicidios, dada su estrecha relación, como ya ha sido demostrado.

Entre otras innovaciones que contemplaría esta propuesta está centralizar la información en grupos de trabajo tanto en el ámbito policial como de la fiscalía. Esto permitiría que dichos grupos se dediquen exclusivamente a la tramitación de las diligencias que se requieran durante los procesos investigativos, tales como allanamientos o intervenciones telefónicas, entre otras.

La coordinación entre las instancias del Poder Judicial y el Ejecutivo, que estarían participando en esta unidad contra el crimen organizado, recaería precisamente en el Poder Judicial, pues en ella tomarían parte magistrados, jueces, Policía Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Justicia, entre otras instituciones vinculadas con la seguridad del país.

Con dicha unidad se crearía un Centro de Información Permanente del Delito, el uso de la plataforma de información entre todos los cuerpos policiales, la articulación entre las instituciones que conforman el sector social, la articulación de los planes institucionales y operativos y la posibilidad de articular la Escuela Nacional de Policía de Seguridad Pública con la Escuela Judicial, la definición de una política criminal, la adecuación del ordenamiento jurídico y la creación de jurisdicción especializada en narcotráfico y delincuencia organizada.

Lo que estamos haciendo en Seguridad Pública contra el crimen organizado

Mientras se hace realidad la propuesta que ahora está a la espera de aprobación en el Poder Judicial, en el Ministerio de Seguridad continuaremos encarando esta criminalidad con los recursos y mecanismos que tenemos a la mano.

Una muestra del combate que estamos librando contra el crimen organizado es la desarticulación de 110 organizaciones delictivas en lo que va del año, de las cuales 27 se dedicaban al tráfico internacional y 83 al tráfico local de drogas.

A estos criminales les hemos arrebatado cerca de 14 toneladas de cocaína, 4.5 toneladas de marihuana, así como cerca de 1.5 millones de plantas de esa misma droga. De igual manera hemos evitado que casi 57.000 dosis de crack fueran consumidas por nuestros niños y jóvenes. También hemos golpeado al narcotráfico en sus finanzas, al decomisarle 56.4 millones de colones, 2.3 millones de dólares y más de 86.000 euros.

Durante la labor diaria de nuestros cuerpos policiales, así como gracias a la implementación de controles de carretera en todo el país para decomisar armas de fuego, de enero a agosto de este año el Ministerio de Seguridad ha logrado incautar 1.066 armas de fuego.

Pese a todos esos logros, sabemos que la lucha será más efectiva cuando, de manera articulada, todas las instancias involucradas en la prevención y el combate del crimen organizado podamos llevar a la práctica la propuesta que, por ahora, se encuentra a la espera de su aprobación final por parte de la las altas jerarquías del Poder Judicial.

Por Gustavo Mata Vega
Ministro de Seguridad Pública