Alrededor de esa publicación se ha creado un clima peligroso y por lo tanto, nada conveniente pues muchos dieron por sentado que las personas citadas, sin fundamento alguno, son efectivamente delincuentes evasores, y que deben sufrir consecuencias por sus acciones impropias. Esto se convirtió en juicio mediático, y solo unos pocos de los aludidos, tuvieron la debida oportunidad de hacer público su descargo.
Por otro lado, también se sostiene, porel abordaje que se le dio a esa información en nuestro país, que no se trató de un hecho aislado,sino que podría ser parte de una estrategia para buscar apoyo en parte de la opinión pública y generar presión políticapara que se apruebe el Expediente Nº 19.245 “Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal”.
En esa tesitura, llegó a mis manos un documento, que según me indicaron es el texto de una moción que presentaría el Gobierno en la Comisión Hacendarios de la Asamblea Legislativa, esa Comisión, es precisamente la que conoce el proyecto de ley antes citado. En esta supuesta moción se incorpora un Capítulo IV:Transparencia y beneficiarios finales de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas,al texto original del proyecto de ley contra el Fraude Fiscal.
El artículo primero de esa supuesta moción, titulado Suministro de información de personas jurídicas y otras estructuras jurídicas, señala que los representantes legales de todas las personas jurídicas o estructuras jurídicas domiciliadas en el país, deberán proporcionar al Banco Central de Costa Rica, en los términos y condiciones que definan, mediante resolución administrativa conjunta la Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre las Drogas. Por lo tanto, serían solo esos dos últimos, y no el Banco Central,quienes definirían los lineamientos a seguir por las entidades contempladas en la ley; mientras que, la función del Banco Central seríala de un simple receptor y determinador de estándares de auditoría, de la información.
El artículo segundo, tituladoOtros Obligados, señala que también los Fidecomisos, excepto los públicos, y las organizaciones sin fines de lucro (Es decir Asociaciones, Fundaciones, Organizaciones comunales y de Desarrollo, Cooperativas, Sindicatos, Solidaristas, entre muchos otros), tendrán también la obligación, bajo sanción, de registrar las informaciones de las diferentes personas ligadas a ellas, a saber inversionistas, donantes, así como, integrantes de las juntas directivas y gerencias.
De ser correcta la información, si en la Comisión de Hacendarios se está impulsando la inclusión de una moción en los términos señalados; habría que decir que esta iniciativa iría aún, mucho más allá de la pretensión inicial del gobierno de crear un Registro de Accionistas, ya de por sí, un tema cuestionado por muchos.La iniciativa, en los términos expuestos, le estaría asestando un severo golpe a las personas jurídicas en este país, a los fidecomisos privados y a las organizaciones no lucrativas, debido a un excesivo proceso regulatorio. Sin la menor duda, esto se convertiría en un gran desaliento para el funcionamiento y desarrollode todas las entidades económicas sujetas a las directrices que, eventualmente, les dicten la Tributacion Directa y el Instituto Costarricense de las Drogas.
Los señores diputados deben meditar muy bien y con mucha prudencia este asunto, teniéndo siempre muy presente la gran amenaza que podría representar ese Capítulo IV para la Producción Nacional, y que aquella es la única manera de generar riqueza, sin perder de vista que sin el sector privado no hay manera de generar mayores niveles de bienestar para la población.
Así que cuidado, porque a veces la medicinapuede ser mucho peor que la enfermedad, y es más fácil que aquello ocurra, si se suministra en forma apresurada.
