Al parecer el esfuerzo que hacen las altas autoridades del Poder Judicial por evitar la pésima práctica de abusar del papeleo en los expedientes y, peor aún, de que sus empleados, “inventen” trámites que en ninguna ley o reglamentación existen, es insuficiente.
En la prensa escrita, diariamente, se leen las quejas de usuarios de los tribunales de justicia a quienes se les obliga a realizar trámites que sus escribientes, hoy llamados auxiliares, deciden que se deben cumplir, basándose en “la tradición” o “costumbre”. Lo exigen y punto.
No parece bastante que haya que hacer largas filas, aguantar el hacinamiento en pequeños mostradores y además, incluso a abogados que sabemos lo innecesario de “aquello” o “esto”, aceptar en silencio, cumplir con el papeleo que resulta de una burocracia judicial ahogante. Todo con tal de que no se vaya a hacer eterno un simple trámite, pues, pues ha sacadas de clavo u otros motivos, se alargará un proceso en perjuicio de quien espera una justicia pronta.
El problema es que esos empleados, la gran mayoría legos en derecho, no aceptan explicación alguna y su decisión es la última palabra. ¡Nada más qué hablar! Por eso, ahí mismo, ad portas, verbalmente, deciden ante sí y por sí, qué debe hacerse. De modo que si el usuario quiere ser atendido debe bajar orejas, rabo, callar y someterse.
Para desdicha de los usuarios, quienes son siempre partes interesadas en algún proceso judicial, no les queda de otra y cuando tienen la “suerte” de que el juez escuche sus observaciones, se lleva la decepción de que hasta el mismo alto funcionario le da la razón a su subalterno o, en el mejor de los casos, aliviana un poco la sarta de papeles que, de previo a solucionar el pedido, debe cumplir el ciudadano; así sea abogado, como se indicó, pues el asunto ha llegado al colmo que la toga de nada sirve.
Si hay un principio jurídico clarísimo es que las autoridades judiciales tienen PROHIBIDO, a rajatabla, llamar o conceder audiencias procesales, si la ley NO lo permite, expresamente. Ello es derivado, a su vez, del principio de legalidad, que rige toda actuación de los funcionarios y es parte del, ciertamente bien delimitado, debido proceso.
Por eso, que se escuche el clamor para radicar estas malas prácticas judiciales; ya déjense de “inventar” trámites para darle largas a asuntos que tiene resolución inmediata; de que los auxiliares no resuelvan lo que quieran a puro pulso, a veces por ignorancia, otras por desidia, según su estado de ánimo o de quién atiendan. El cuento de que el juez es el que resolvió lo que aparece con su firma es, Vox populi, mentira y mejor es que las autoridades disciplinarias del Poder Judicial intervengan de una buena vez, pues lo que allá, en el pináculo de la jerarquía, se cree que funciona a las mil maravillas, los que acudimos a tribunales periódicamente sabemos que hay que meter mano y cortar por lo sano pues, por cierto, en muchos despachos judiciales, queda muy poco rescatable.