En el programa “Panorama”, de la Cámara Nacional de Radio del pasado 1° de abril de 2.008, se difundió un comentario de don Miguel Valle bajo el título La inexplicable pasividad del Ministerio Público, en el que dicho señor refiere el allanamiento practicado por un Juez Penal de San José en una casa de Santa Bárbara de Heredia, teniendo como resultado el hallazgo de $480.000,oo en moneda de los Estados Unidos de América, pertenecientes, en apariencia, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Al respecto el señor Valle señala: “[…] resulta extraño el desgano e indiferencia del Ministerio Público, cuyo Jefe ha declarado a la prensa que su Oficina no tiene pruebas de que haya ocurrido en este caso algún delito y que, si lo hubiere, la acción penal para castigarlo estaría prescrita […] Los hechos comentados son realmente graves, la indiferencia de nuestras autoridades ‘podría alterar nuestras relaciones amistosas’ con un país vecino […]”.
Dejando de lado las respetables calificaciones jurídicas que don Miguel hace de los presuntos delitos, he de señalar que, contrario a la pasividad que denuncia contra el Ministerio Público de Costa Rica, fue la Fiscalía General costarricense junto a Fiscales Contra Terrorismo y de Fraudes de San José, las que aconsejaron a la policía colombiana y al Fiscal General colombiano Mario Iguarán, utilizar la vía de la asistencia judicial para proceder al allanamiento de la citada casa.
La fluidez de las relaciones entre las Fiscalías Generales de Colombia y de Costa Rica -excelentes relaciones entre ambos Ministerios Públicos− fueron reflejadas públicamente por Radio Santa Fe de Bogotá[1] y por el periódico Al Día de Costa Rica[2], cuando, el 19 de marzo y el 2 de abril respectivamente, difundieron las palabras del Fiscal General colombiano Mario Iguarán: En Radio Santa Fe dijo: “[…] que ya habló con el Fiscal General de Costa Rica, a quien llamó ‘hermano, amigo y cooperador de la justicia colombiana’ […]”; y en el periódico Al Día de Costa Rica: “[…] El fiscal Francisco Dall’Anese ha sido una compañía y un auxilio para muchas investigaciones de narcotráfico. Además, la cooperación siempre ha sido a nombre del Estado y del pueblo costarricenses […]”.
Contrario al criterio de don Miguel Valle, el Ministerio Público costarricense ha sido proactivo en este y en otros casos. Trabajamos con la Fiscalía General de Colombia muy de cerca en todas las investigaciones concernientes a los dos países, y a través del tiempo hemos fortalecido las relaciones de hermandad entre ticos y colombianos. Prueba de ello es que el 14 de marzo, fecha de recibo de la solicitud de asistencia de la Fiscalía colombiana, el Ministerio Público costarricense solicitó inmediatamente el allanamiento al Juzgado Penal de San José, y este tribunal, en forma diligente lo practicó ese mismo día. Así lo reconoció el Presidente de la República de Colombia, don Álvaro Uribe, en nota remitida el 1° de abril pasado al Presidente de la República de Costa Rica, don Óscar Arias[3], en los siguientes términos: “[…] El Gobierno de Colombia agradece la colaboración pronta y eficaz que el Gobierno costarricense ha brindado para combatir el narcoterrorismo […]”.
Ahora bien, sobre el hallazgo de $480.000,oo en la citada casa en Santa Bárbara de Heredia, todavía no abrimos proceso alguno como se explicó en nuestro comunicado de prensa el pasado 31 de marzo. Primero, para no entorpecer la investigación del caso más grande y complejo llevada a cabo por las autoridades de Colombia, cumpliendo así con la normativa internacional ratificada por el país. Segundo, porque estamos a la espera de la información que nos brindarán las autoridades colombianas, y de ello da cuenta el Fiscal General de Colombia en la citada publicación del periódico Al Día. Tercero, a la fecha no es posible afirmar con certeza si la causa en Costa Rica se encuentra prescrita o si existen suficientes elementos para una investigación. Para vencer cualquier duda dependemos de los datos que nos remitirá la Fiscalía General de Colombia.
Este es un caso delicado para el país. Debemos actuar con prudencia y coordinar con las autoridades colombianas, pues cualquier error pondría en jaque la seguridad de Costa Rica. Comprendo la buena intención de don Miguel Valle para que se llegue en este caso hasta sus últimas consecuencias, pero la precipitación no es buena consejera.
Pueden estar seguros don Miguel Valle y todos los costarricenses que, de encontrar elementos suficientes para iniciar la acción penal, el Ministerio Público actuará con todo el rigor de la ley, como lo ha hecho siempre.