Es ya un tema manido y resabido que desde hace varios años, el mundo occidental- y nuestro pequeño país no podía ser la excepción- atraviesan por una grave crisis a todos los niveles: ético, moral, intelectual, económico, político, social y cultural.
Esa crisis en vez de aplacarse, se ha exacerbado en los últimos tiempos a extremos demenciales. Aun en medio de la crisis, cuyos inicios pueden situarse a partir de la finalización de la segunda guerra mundial, prevalecía hasta hace poco tiempo, el íntimo convencimiento de la existencia de ciertos límites que no se podían sobrepasar, si no ya en nombre de la virtud, al menos en aras de la eficacia inmediata y de la protección a la sociedad.
En otros términos, no se había llegado al cinismo colectivo que estamos viviendo actualmente, en el que han naufragado los valores objetivos y los más elementales principios éticos y morales y cada uno quiere vivir a su talante. Desde luego que motivos para sentirnos indignados, sobran en estos tiempos atroces, pero el disparador que concretamente nos ha motivado este comentario, ha sido la noticia aparecida en “La Nación” del 15 de Julio en curso, sobre el llamado “caso Canda”, en la que se da cuenta de que nada menos que un Fiscal del Ministerio Público, ha acusado de homicidio simple a dos oficiales de la fuerza pública, por cuanto en la noche del 10 de Noviembre del 2005, no dispararon sus armas contra unos perros que resguardaban un taller, en La Lima de Cartago, a fin de rescatar a un individuo que se había introducido subrepticiamente en la propiedad.
En estos momentos, en que los ciudadanos claman a gritos por una protección adecuada a sus personas y bienes, la posición de la Fiscalía no puede ser más contradictoria y desalentadora para quienes luchan por el control de la delincuencia y sobre todo, para las autoridades que deben proteger la propiedad privada y las vidas de los ciudadanos que lo único que pretenden es que El Estado, por medio de la Fuerza Pública, les brinden las seguridades mínimas necesarias para ganarse honradamente su sustento y el de sus familias.
No queremos ni imaginarnos el nefasto precedente que se sentaría si los Tribunales llegaran a acoger la acusación del Fiscal contra estos sencillos miembros de la Fuerza Pública. Ante la creciente delincuencia, cada vez mayor número de personas mantienen perros guardianes en sus viviendas y negocios, lo que aparentemente les brinda una relativa seguridad.
Sin embargo, óigase bien, si los policías acusados son condenados, como lo pretende el Ministerio Público, todos estos animales, adquiridos y mantenidos con el esfuerzo de quienes, con todo derecho, tratan de proteger en alguna forma sus negocios y hogares, podrían en el futuro ser sacrificados nuestras autoridades, para asegurarles su tranquilidad a los delincuentes, a los que se supone que deben combatir! Sólo nos falta que los maleantes se sindicalicen y demanden que las autoridades sean desarmadas y que no interfieran en sus fechorías! Hasta este punto nos ha llevado el peor mal que nos aflige y que subyace a toda las crisis a que nos referíamos al inicio de este comentario: la desorientación generalizada y la recusación del principio de autoridad! De aquí, al anarquismo no hay más que un paso.
En otros comentarios hemos insistido en la conveniencia de ampliar el concepto de legítima defensa para permitirle a las víctimas actuar, ya no sólo en defensa de su vida, sino para frustrar la comisión de delitos graves así como la necesidad de someter a medidas de seguridad, a las personas que sin contar con medios conocidos de vida y sin oficio ni beneficio, vagan por nuestras calles, sin ningún propósito, pues evidentemente todas ellas son delincuentes potenciales y no debemos esperar a sorprenderlos “in fraganti”, para proceder a detenerlos.
Estas y otras medidas, forman parte de un plan integral para el combate a la delincuencia, en que un grupo de ciudadanos justamente alarmados por la creciente inseguridad estamos trabajando, pero una noticia como la comentada, nos convence que la medida prioritaria e impostergable, es modificar radicalmente la perniciosa mentalidad que ha calado en algunos depositarios del poder público, los cuales deben entender de una vez por todas, que su misión es apoyar y proteger a la sociedad y no alentar y dar facilidades a los delincuentes.
Desalentar a la policía y rodear de garantías a los delincuentes potenciales, no puede conducirnos sino al infierno en que ya viven otros países vecinos en los que el caos se ha tornado incontrolable. Es increíble la injusticia que se está cometiendo contra los policías acusados por el Ministerio Público. Los han colocado en el dilema de que si la ensartan pierden y si no también: si hubieran disparado contra los perros, como estima el Fiscal que era su deber, habrían corrido el riesgo de herir o matar al delincuente y a estas horas, por diferente motivo, estarían haciendo frente a las acusaciones de Canda o de su familia y al reclamo del propietario de los animales.
Como no lo hicieron, ahora el Fiscal los acusa de homicidio por omisión. Es de esperar que en beneficio de la seguridad ciudadana y del sentido común esta descabellada acusación sea finalmente desestimada.