Hace un año, los costarricenses tuvimos la histórica oportunidad de acudir a las urnas para decidir, mediante el referéndum, la ratificación de nuestro país al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, República Dominicana y Centroamérica.

Para todos los que profesamos un inquebrantable respeto hacia el sistema político democrático, este proceso de consulta fue un ejemplo más de civismo y de tolerancia y un verdadero triunfo de la institucionalidad democrática costarricense.

A un año del referéndum, lamentamos que todavía siga la discusión al respecto en la Asamblea Legislativa, no porque esta contradiga la esencia del parlamento como tal, sino porque de no avanzar como lo han hecho los demás países, el perjuicio para el nuestro será contundente.

También lo lamentamos, porque dentro de la misma lógica de la democracia, los atrasos para la vigencia del TLC podrían constituirse en una clara violación al mandado soberano del pueblo y en ese sentido pensamos que la voluntad popular sobre el TLC debe respetarse.

Desde luego que en una democracia moderna todos los sectores de la sociedad, incluyendo la oposición parlamentaria, tienen el legítimo derecho de hacer las observaciones que consideren necesarias. Sin embargo, un ejemplo de racionalidad política consiste precisamente en evitar los abusos y los excesos deliberados.

Por el respeto a la democracia y a la voluntad popular, por la consolidación del régimen de derecho y de los mecanismos participativos, por la credibilidad en la gestión pública y en el papel responsable de la oposición, demandamos que se cumpla sin más atrasos la voluntad expresada mayoritariamente por el pueblo el 7 de octubre de 2007.