¡Cuánto preocupa los recientes ataques, totalmente infundados, que se han venido haciendo en contra de resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones!
Este órgano, creado constitucionalmente hace 60 años, es, sin duda, a la par del Poder Judicial, pilar de nuestra democracia y Estado de Derecho.
Y es que mientras mantengamos un Poder Judicial y un Tribunal Supremo de Elecciones fuertes, vigorosos e independientes, en esa medida sobrevivirá nuestra democracia pues aunque los otros órganos estatales atravesaran, temporalmente, problemas, aquéllos garantizarían que los mismos regresen, de inmediato, por sus fueros.
Si al Poder Judicial se le asignó constitucionalmente la elección de los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones fue, precisamente, por la confiabilidad en ambos Poderes.
El Tribunal Electoral ha dado más que muestras de transparencia en cada una de las elecciones que, como competencia exclusiva, le ha tocado organizar, vigilar y declarar en sus resultados, por muchísimos años.
Los ataques al Tribunal se fan con motivo, especialmente, de la admisión de solicitud que se le formuló para que se recolectara firmas con miras a un posible referendo, vía iniciativa ciudadana, respecto de los proyectos de “Ley de Obtenciones Vegetales” y ley de “Aprobación del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales”.
No obstante y en vista de que los presupuestos jurídicos para tal fin, como el hecho real de que las leyes citadas ya habían sido sancionadas como leyes de le República, el proceso de verificación de firmas se declaró carente de interés actual y se procedió a su archivo definitivo.
Ante ello, los impulsores de la dicha gestión, solicitaron, entonces, que dada dicha situación fáctica, permitiera el Tribunal que las firmas recolectadas para aquel posible referendo se aprovecharan para otro, pero esta vez “abrogatorio”, lo que a todas luces es inconstitucional e ilegal.
Al decir del mismo Tribunal Supremo de Elecciones: “resultaría arbitrario e infundado desconocer o falsear la voluntad de los ciudadanos que participen en el proceso de recolección de firmas, entendiendo que con su adhesión apoyarían indistintamente un referéndum derogatorio de esas leyes, en caso de aprobarse, o un referéndum para aprobar dos proyectos con el mismo objeto de regulación pero con un número de expediente distinto, por cuanto el objeto de consulta a la ciudadanía sería distinto y las circunstancias que rodean el caso cambian radicalmente.”
Así la cosas, el Tribunal Electoral ha sabido, como en derecho corresponde, tomar las mejores decisiones, de modo que los ataques a la integridad profesional y moral de sus integrantes, además de irrespetuosas, claramente están encaminadas a minar la confianza que por muchísimos años ha tenido este órgano constitucional.
Extraña, para terminar, que abogados, quienes, se supone, deben regir sus afirmaciones de acuerdo a un código de ética profesional, atiendan más a razones ideológicas que jurídicas para criticar una resolución de tan Alto Tribunal.