Se ha dado la buena noticia de que, por fin, la Asamblea Legislativa nombrará a los Magistrados de la Sala II y IV, y un suplente de la I, cuyos nombramientos están pendientes hace más de un año, por el exceso de trabajo del primer poder de la República.
Pues bien, no está de más recordar a los señores diputados algunas acotaciones teóricas, pero con aplicaciones más que prácticas, y que se ventilan siempre con ocasión de tan trascendente decisión.
Una vieja doctrina sobre la función del juez decía que éste debía ser sólo “la boca por la que habla la ley”.
No obstante, ya superada la anterior hace mucho tiempo, las nuevas ideas hablan de que la función judicial como “algo no mecánico”, pues , más bien, encarna, en la figura del juez o magistrado, la delicada función de impartir justicia: piedra angular en un verdadero Estado de Derecho.
Ello por cuanto el magistrado es un ciudadano, como cualquier otro, con su propia ideología y sistema de valores, aunque sí, obviamente, muy bien formado en materia jurídica y quien, además, y más importante, debe ser de una estatura moral y ética incuestionable en todo.
Los magistrados son personas que aunque cuentan con virtudes, igual no dejan de tener defectos pero de los cuales no puede obviarse, ni dejarse pasar nunca, estrictamente, que cuente con una moralidad y una conducta, personal y social, comprobadamente intachable.
En otras palabras, el magistrado debe ser una persona, debidamente formada en las ciencias jurídicas, con un sustentado bagaje cultural, con una vida a prueba de todo cuestionamiento ético y que, por su edad, tenga la madurez necesaria para enfrentar los retos de una magistratura judicial.
Para esos nombramientos el referente debería ser quien será substituido en la Sala Segunda, el Dr. Bernardo van der Lat, quien fue llamado en aquella ocasión para que ejerciera tan alto cargo por ser una hombre de bien, culto, profesional y de conducta intachable; cualidades que deberían servir de “parámetros” en tan delicados nombramientos.
En ese sentido, deben buscarse personas de quienes se esté seguro que su elección es lo que la Patria merece; ¡ni más ni menos!.
El Poder Judicial se hace efectivo por medio de sus jueces, y éstos sólo estarán sometidos a la Constitución y a las leyes de la República.
El juez imparte “justicia humana” y, como lo afirmó un ilustre jurista nacional, “…el Poder Judicial no sólo es un Poder, sino el más importante de los Poderes”.
Por ello, el costarricense, por medio de sus legales representantes populares, debe velar por preservar este pilar del Estado que, al sostener la democracia, garantiza paz y libertad en una verdadera democracia.