Los ricos tienen guardaespaldas, barrios cerrados, alarmas y sistemas modernos de seguridad. La salonera y el albañil no tienen dinero para andar con un vigilante personal. Necesitan estar armados. La legislación a favor de una sociedad desarmada es una legislación puritana y endeble. Dejar a la sociedad sin derecho a comprar armas es algo anodino e inútil. Los delincuentes siempre comprarán armas. No importa que las armas estén prohibidas. Los delincuentes no usan documentos que acrediten sus derechos para portar armas. No les interesa.
Cuando una sociedad tiene problemas de delincuencia y criminalidad, no puede iniciar la compleja trama que significa una solución integral desarmando a quienes pueden ser víctimas del hampa. Es cierto que la solución de la inseguridad ciudadana debe partir de un análisis y un abordaje del problema de la brecha social, las grandes diferencias entre las clases, la marginalidad, el hacimiento en los barrios pobres y la difícil realidad de desempleo y desesperanza de una mayoría sin oportunidades. De ahí parte la solución verdadera. Pero mientras se atiende todo eso, hay que permitir que la gente se arme y se organice. En un barrio organizado, los delincuentes hacen un intento. Pero si en ese intento, los reciben con perros, palos y balas, no hacen un segundo intento. Qué va. Así funciona la realidad, como lo demuestran quienes han resuelto el problema de verdad. Hay dos grandes ejemplos: el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y el ex gobernador de Nueva York, el señor Guliani.
Uribe arrodilló a la guerrilla porque no empezó haciendo concesiones. Empezó enfrentando la violencia con una estrategia militar inteligente. Se amarró los pantalones. Le demostró a los guerrilleros que Colombia podía tener un presidente que asumiera el reto de devolver la patria a su gente buena, de arrebatársela a los antisociales, que es lo que pide la gente en nuestro país. Y Guliani abordó el problema de la inseguridad con más luz por toda la ciudad, más parques, más espacios públicos, y, por supuesto, con más policías y más armas contra los delincuentes. Metió a la cárcel a los delincuentes. Limpió las calles de drogadictos.
El tener armas para defenderse contra los delincuentes responde al derecho de rebelión de un pueblo. Atender el tema creyendo que hay que dejar al pueblo como el burro amarrado contra el tigre suelto es pura hipocresía.
Nunca he usado armas, ni pólvora. Tengo derecho a hablar del tema porque ni uso armas, ni represento a una institución que las ampare. Prohibir las armas más bien agrava el problema. Veamos un caso similar. Antes la pólvora estaba prohibida, y se daban cientos de casos de niños quemados. La ley reguló la venta de pólvora, y disminuyó el número de niños quemados.
Combatir la delincuencia desarmando a la gente buena es como combatir el alcoholismo con una ley seca. Sería peor el remedio que la enfermedad. El derecho de portar armas ahora es un privilegio porque un funcionario dice quien puede y quien no puede, lo que también se presta para el chorizo.
Al que asalta hoy no se le puede tratar con prevención. Al que asalta hoy se le combate con policías, leyes duras y cárceles. Sólo se puede prevenir en lo que respecta a las nuevas generaciones, por lo que urge atender las brechas sociales. Pero quienes atacan la construcción de más cárceles, se ocupan de los derechos del hampón y no de los derechos de la víctima. Prefieren al delincuente que a la familia que perdió a un papá o una mamá porque la mataron para robarle un celular.
Igual ocurre con quienes se amparan en una doble moral para pedir que los ciudadanos buenos dejen de tener el legítimo derecho de usar armas para defenderse. Si la policía y la ley no defienden mi barrio, los vecinos tenemos derecho a armarnos para defendernos. Esa es la pura verdad.